SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Comunidad del Limay reclamó ayer que el gobierno provincial declare intangible y expropie el campo ubicado en el Anfiteatro donde una empresa inmobiliaria pretende desarrollar un exclusivo loteo.
El campo de 178 hectáreas está ubicado a unos 40 kilómetros de Bariloche, sobre la costa del río Limay. Se trata de un sitio de alto valor paisajístico que forma parte del área protegida provincial Río Limay, pero nada de eso la dirección provincial de Tierras autorizó el fraccionamiento sin ninguna objeción.
La ong denunció ayer con planos y papeles sobre la mesa que el expediente tramitado en Tierras acumula "numerosas irregularidades", entre ellos la aprobación del plano a mediados del 2006 y el intento de eludir la intervención del Codema.
"Pedimos la expropiación porque es la única forma de preservar esa zona tal como hoy la conocemos dijo Mónica Menna, en nombre de la Comunidad del Limay. Estamos peleando con intereses muy poderosos y la prueba es que el proyecto fue aprobado por Tierras en muy pocos días".
Para el abogado Rubén Marigo la mejor salida es que las tierras sean declaradas "de utilidad pública" para su posterior expropiación por ley de la provincia.
Explicó que el fraccionamiento propuesto por la empresa L&B Inversiones Inmobiliarias "es contrario a la Constitución Provincial y a la ley de áreas protegidas".
Marigo observó incluso que todos los funcionarios actuantes en el expediente, tanto de Tierras como de Catastro, "parecieron no darse cuenta de que el emprendimiento carece de planos aprobados y que se encuentra sobre un área protegida".
Esta última condición obligaba a la intervención inmediata del Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Codema). Pero su titular, Oscar Echeverría, se enteró del proyecto por los diarios, cuando ya llevaba un año en trámite y contaba con el "visado de conformidad" firmado por el director de Tierras, Jorge Belacín.
Las primeras denuncias de la Comunidad del Limay aceleraron los tiempos. El expediente acumuló 50 fojas, cuando llevaba casi un año sin cambios.
Belacín los intimó mediante carta documento a retractarse de las acusaciones y la dirección de Catastro ordenó "suspender" la vigencia del plano.
Pero aun así la empresa Fincas de la Patagonia ofrece actualmente en su página de Internet los lotes allí demarcados e incluso algunos ya tienen "reserva" de potenciales compradores. "¿Deslealtad comercial o complicidad del Estado?", se preguntó la Comunidad del Limay.
Impacto ambiental
Al mismo tiempo la empresa pidió al Codema los "términos de referencia" para elaborar el "estudio de impacto ambiental", que es indispensable para obtener la aprobación de ese organismo.
Pero la Comunidad del Limay indicó que "no es posible realizar el estudio porque el área protegida carece de plan de manejo y por lo tanto no existen los términos de referencia". Este impedimento bloquea de manera indefinida cualquier avance del proyecto. Al margen de esa omisión, la documentación enviada por Tierras a la Comunidad del Limay permite comprobar que tampoco existe un plan urbanístico "debidamente aprobado" como exigen las normativas para conceder la excepción que firmó Belacín.
