El gobierno clausuró ayer en forma total y de manera preventiva la planta que la compañía Shell posee en la localidad bonaerense de Dock Sud al haber comprobado "filtraciones, pérdidas y derrames en la planta de almacenamiento".

La medida -anticipada por "Río Negro" en su edición del domingo- se tomó en medio de una fuerte ofensiva del gobierno nacional hacia la empresa, particularmente del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, por los aumentos en los precios de los combustibles que comercializa la firma anglo-holandesa comercializa.

En un comunicado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable -que encabeza la polémica Romina Picolotti-, especifica que entre otras cosas, la empresa no tiene autorización para extraer agua del Riachuelo ni del Río de la Plata.

La clausura se concretó luego de un operativo de "13 días de inspección", que fue llevado a cabo por la Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA), en la persona de su titular, Raúl Vidable, en el marco en el Plan Integral de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.

La medida "se mantendrá efectiva hasta que la empresa cese la situación de peligro para el ambiente y la integridad física de los habitantes en el ámbito de la Cuenca Matanza - Riachuelo", indica la repartición conducida por Picolotti.

Del operativo participaron, además de Ambiente y Desarrollo Sustentable, personal de la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y autoridades de la Municipalidad de Avellaneda.

Paradójicamente, horas antes, la secretaria de Política Ambiental bonaerense, Silvia Suárez Arocena, había señalado que la cartera a su cargo hizo la certificación de la planta y que "está correctamente habilitada".

El comunicado de la repartición que preside Picolotti añade que otras compañías ubicadas en el Polo Petroquímico de Dock Sud "también han sido objeto de acciones de la DNCA", destacando la clausura preventiva de Petrorío Sea Tank y la adecuación de la operatoria de Meranol SACI, en tanto señala que "Petrobras Energía S.A. está siendo inspeccionada de modo de poder constatar su situación ambiental en forma general".

Asimismo, señala que en la Cuenca Matanza-Riachuelo en general ya se acumulan 46 clausuras preventivas.

Relación conflictiva

La clausura preventiva se produjo en el marco de una conflictiva relación del Gobierno con la petrolera anglo-holandesa, al punto que días atrás la empresa debió salir a aclarar que no tenía planeado retirarse del mercado local. La Secretaría de Comercio Interior denunció a la empresa por supuesta violación de la ley de Abastecimiento, ante lo que Shell presentó una acción de amparo que fue desestimada por la Justicia.

La Justicia afirmó el martes que no puede analizar, mediante un amparo, presuntas actitudes discriminatorias que, según Shell, el gobierno llevaría adelante en su contra.

Según fuentes judiciales, la Sala A de la Cámara Penal Económica confirmó la decisión del juez Diego Zysman, que había rechazado un recurso de amparo de la petrolera para frenar el efecto supuestamente "discriminador" de la Secretaría de Comercio que Guillermo Moreno.