El gobierno del presidente Néstor Kirchner aún se resiste a entender que las estadísticas difundidas por el INDEC no merecerán la confianza mientras haya buenos motivos para dudar de que reflejen fielmente lo que efectivamente está sucediendo en la economía. En su opinión, en la raíz del problema no está la discrepancia entre el índice de precios oficial por un lado y lo que tienen que pagar los consumidores cuando compran bienes o servicios por el otro sino en la militancia de los funcionarios del INDEC, razón por la que se concentró en negociar con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y, para desazón del mandamás de la CGT, Hugo Moyano, con los dirigentes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) para que levantaran el paro que declararon y dejaran de organizar protestas callejeras. Y puesto que los agremiados acusaban al gobierno de dibujar las cifras, optó por apaciguarlos ofreciéndoles un nuevo índice de precios al consumidor que, se supone, será un tanto más verosímil que el actual y que regirá después de las elecciones presidenciales. Dicho de otro modo, lo que se ha propuesto el gobierno es congraciarse con quienes confeccionan las estadísticas, diciéndoles que no les aplicarán las medidas disciplinarias que ordenó a comienzos de julio, a cambio de su colaboración. En cuanto al nuevo índice, dará más peso a una nómina más limitada de bienes y servicios, facilitando de este modo la tarea de aquellos funcionarios que esperan frenar la inflación controlando los precios, un método que desde hace varios milenios ha ensayado sin mucho éxito un sinnúmero de gobernantes pero que así y todo sigue tentando a los convencidos de que su propia voluntad resultará ser más poderosa que las fuerzas del mercado.

Puesto que cuando de la evolución de los precios al consumidor se trata el INDEC está desprestigiado y ninguna consultora privada cuenta con los recursos necesarios para sustituirlo, no hay manera de saber cuánta inflación ha sufrido el país a partir de enero pasado, el mes en que la torpeza con que el gobierno manipuló lo ocurrido en turismo modificó la forma de calcular los aumentos en la medicina prepaga. Si bien nadie toma demasiado en serio las cifras oficiales según las cuales la inflación está en plena retirada, las estimaciones varían entre el 12 ó 13% anual y el 30% o más en el caso de aquellas que procuran medir la tasa de inflación no sólo de la Capital Federal y el conurbano bonaerense sino del país en su conjunto. En vista de que, como coincidieron los negociadores gubernamentales y los representantes de ATE, "la producción de estadísticas constituye un elemento crucial para el buen manejo de las políticas del gobierno", el que nadie parezca saber el monto actual de la inflación es tan alarmante como lo sería enterarse de que el conductor de un colectivo no estaba en condiciones de ver más allá de un par de metros. Aunque es factible que el gobierno haya reservado para su propio uso algunos índices auténticos, a juzgar por su forma de enfrentarse con la inflación hace pensar que decidió actuar como si fueran confiables los producidos por el INDEC.

Por desgracia, no es sólo cuestión del índice que en términos políticos es el que tiene el mayor impacto. Ultimamente, las anomalías han proliferado; además de introducir una suerte de índice paralelo con el propósito de minimizar el significado de la desaceleración de la producción industrial y, hace poco, reemplazar el correspondiente a la producción de gas, que cayó, por otro basado en el consumo que, huelga decirlo, aumentó mucho en julio pasado, en un intento infantil por subestimar la gravedad de la crisis energética. Asimismo, se teme que otros índices, como los que se usan para medir la pobreza, hayan sido modificados por motivos políticos. Estas maniobras pueden atribuirse al accionar del inefable secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que según parece cree que si la economía no funciona tal y como quisiera su jefe debería ser ocultada detrás de otra ficticia de su propia factura, remedando así la conducta de aquellos dictadores cuyas estadísticas imaginativas eran incluidas en los informes de entidades como las Naciones Unidas hasta que un buen día la realidad irrumpiera.