NEUQUEN (AN).- El caso de María Inés Cabrera, que en abril de 2004 fue despedida por la empresa Pastora Textil por reclamar un incremento salarial que había sido dispuesto por el gobierno nacional. Ayer retornó a la fábrica, luego de que quedara firme la sentencia de la Justicia que ordenó a los empleadores reincorporar a Peralta.

El fallo judicial no sólo obligó a la empresa textil a dar marcha atrás en el despido, sino que sentó un precedente para los casos de conflictos laborales que llegan a instancia de juicio.

Ayer a las 13, una hora antes del cambio de turno en la fábrica, María Inés llegó junto a sus hijos de nueve y seis años, Agustín y Facundo; y el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Leopoldo Denaday. "Es el día más importante de mi vida", dijo Cabrera, enfundada en el guardapolvos azul de operaria y lista para retomar su puesto en el sector de lanería, tal como lo definió la justicia. "Por fin legó. Estaba convencida por lo que estaba luchando y no sólo es importante para mi sino para todos los trabajadores", agregó.

En abril de 2004, tras sucesivos reclamos a la empresa para que se le aplicaran los incrementos salariales dispuestos por el gobierno nacional para los trabajadores del sector privado, Cabrera fue despedida de Pastora Textil. A pesar de haber sido indemnizada, Cabrera nunca retiró el dinero de la cuenta bancaria e inició acciones legales para defender sus derechos laborales, entre ellos, la posibilidad de accionar sindicalmente. Aunque no pertenecía a ninguna asociación gremial, logró que se reconocieran los reclamos salariales como legítimos, por lo que el pedido de "nulidad por discriminación e intimidación sindical" fue aceptado en primera y segunda instancia. Ante las apelaciones sucesivas de la empresa, el TSJ finalmente ratificó los fallos de los juzgados laborales y, pasado el plazo para presentar una nueva apelación, la sentencia quedó firme.

En los casi cuatro años que pasaron entre la demanda a la textil y la reincorporación de Cabrera, la trabajadora contó con el apoyo de agrupaciones obreras, de Derechos Humanos y sindicales; y con trabajos temporarios logró subsistir. Según explicó Denaday, Pastora Textil deberá pagar los sueldos atrasados más los intereses generados por tres años y medio de mora en los pagos, más los aportes previsionales correspondientes. También se había impuesto una multa equivalente a 100 pesos por cada día que transcurriera a partir del lunes sin que la trabajadora no pudiera reincorporarse a su puesto en la planta.