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  Lunes 03 de Septiembre de 2007
  Edicion impresa pag. 32 y 33 » Sociedad  
  Puerto San Carlos, un proyecto que suma 20 años de desencuentros  
Desde que un lagomoto destruyó el anterior, rehacerlo fue una utopía. El municipio, Parques y dos firmas privadas en una red interminable. La falta de políticas de Estado complicó el desarrollo turístico.
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  Así debería verse ya el puerto. El proyecto inicial contemplaba dos edificios, la dársena turística para 11 embarcaciones, un faro, una playa pública y dársena para 70 lanchas privadas. Clausurado por razones de seguridad y en total abandono, el puerto actual afea el paisaje y constituye un recordatorio del fracaso. El lagomoto de 1960 destruyó el puerto anterior, ubicado casi en el mismo lugar, frente al centro de la ciudad.
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  Así debería verse ya el puerto. El proyecto inicial contemplaba dos edificios, la dársena turística para 11 embarcaciones, un faro, una playa pública y dársena para 70 lanchas privadas. Clausurado por razones de seguridad y en total abandono, el puerto actual afea el paisaje y constituye un recordatorio del fracaso. El lagomoto de 1960 destruyó el puerto anterior, ubicado casi en el mismo lugar, frente al centro de la ciudad.
 

La reconstrucción del puerto de Bariloche, devastado por un lagomoto en el verano de 1960, es un fiel ejemplo de la falta de políticas de Estado para resolver los grandes temas de esta ciudad. La historia del puerto San Carlos abarca dos décadas de conflictos, desencuentros y pujas de intereses. Sociológicamente podría ser un reflejo de la comunidad empresaria local, al igual que el postergado proyecto del centro de congresos y convenciones y la largamente prometida terminal de ómnibus.

Para comprender el presente, suele ser bueno recordar el pasado. La historia de la reconstrucción del puerto comienza en setiembre de 1985, cuando el ingeniero Alberto Lamota, en representación de Turisur SRL, la empresa que tenía la mayoría del transporte lacustre, propuso a la Cámara de Turismo que promoviera la reconstrucción del puerto de Bariloche. Eso originó la nota del 18 de setiembre de ese año, firmada por el presidente del cuerpo, Teodoro Sambracos, dirigida al presidente del Concejo Municipal, Atilio Feudal, solicitando que la comuna estudiara la manera para reconstruir el embarcadero. La misiva hacía referencia a la "situación financiera del municipio", por lo cual aclaraba que "no se pretende que sea el Estado el que realice la obra" y se sugería que lo hiciera el sector privado. Feudal respondió la carta el 9 de octubre y detalló los estudios iniciados para encarar la obra.

A los efectos de acelerar la burocracia estatal, al año siguiente Lamota presentó ante el nuevo presidente del Concejo Deliberante, Edgardo Gagliardi, un anteproyecto para el puerto. Sugirió emplazar el embarcadero en el lugar original, frente al Centro Cívico y adjuntó una propuesta realizada por el arquitecto local Julio Arrieta.

Desde un primer momento había conciencia de que Parques Nacionales debía apoyar el emprendimiento. Edgardo Gagliardi y Luis Giudice, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, acordaron que el nuevo puerto se construyera frente al Centro Cívico, por intermedio de una licitación de obra pública y con "estricta observancia" a las normas que velan por el medio ambiente. El convenio se firmó el 26 de mayo de 1987.

Tres meses más tarde la provincia transfirió las tierras frente al Centro Cívico al municipio de Bariloche y el 31 de agosto se aprobó el llamado a licitación 014/87. Simultáneamente se constituyó la empresa "Emprendimientos Bariloche SA" (EB), integrada por

unas cuarenta empresas locales de primera línea, cuyo objetivo fundacional propendía "al desarrollo y mejoramiento de la ciudad en todas sus formas, con el fin de afrontar emprendimientos de difícil realización o cumplimiento para sus integrantes individualmente". Entre estos se citaba el puerto de Bariloche, el complejo invernal Val Sereno y el centro de congresos y convenciones.

En enero de 1988 se abrieron los sobres de los dos oferentes. La Comisión de Preadjudicación desestimó la oferta de Turisur y el 14 de abril se la preadjudicó a EB. Ese mismo día la APN emitió la resolución 343 por la cual estableció que una vez que el puerto San Carlos esté habilitado, será la cabecera de las excursiones lacustres en la margen sur del Nahuel Huapi.

Para el aniversario de la ciudad la municipalidad adjudicó la licitación 014/87 a EB, mediante resolución 562-I-88, y el 8 de junio se firmó el contrato. El proyecto de obra estuvo a cargo de los arquitectos locales Alberto Falaschi, Nora Volcoff, Reinaldo Díaz Langau y Susana Rodríguez Games. Preveía dos edificios perpendiculares al lago, de 3.927 y 1.238 m2. Entre ambos se ubicaría la dársena turística, con capacidad para 11 embarcaciones, al oeste la playa pública y al este la dársena deportiva, con capacidad para 70 lanchas en muelles flotantes. Se proyectó además un faro, sobre el rompeolas principal, una rambla con pérgolas y miradores, playa de estacionamiento y todo lo necesario para un puerto de primera categoría.

En la ciudad todo fue euforia y muchos comenzaron a gastar a cuenta de los magníficos negocios que proponía el nuevo emprendimiento. No obstante, a los pocos días de

firmarse el contrato, el periodista Pastor Méndez detalló en el diario "Río Negro" algunos artículos del convenio firmado, que incluía cláusulas no previstas en el pliego de licitación. Asimismo hizo mención a aspectos de la adjudicación y la navegación lacustre desconocidos por la ciudadanía.

El 27 de junio Turisur remitió una nota al intendente municipal, con copia al Concejo, detalló las irregularidades que a su entender había en el contrato y pidió la anulación de la licitación. Se inició así un largo litigio entre el municipio, EB y Turisur.

No obstante, en noviembre la empresa Seta Hidrovial SRL, adjudicataria del proyecto y ejecución de las obras de ingeniería portuaria, comenzó los trabajos en la costa del Centro Cívico. También se colocó la "piedra fundacional", en un colorido y concurrido acto.

 

Inauguración y problemas

La inauguración parcial del puerto, el 12 de julio de 1991, acentuó las diferencias entre las partes. No obstante, la fiesta inaugural fue concurrida y hasta Turisur asistió con sus catamaranes. Acordó una tarifa de peaje de 2 pesos y el 7 de noviembre firmó un convenio con EB para operar con peaje de 2,04 pesos.

Este valor era considerado muy bajo, por lo cual, en diciembre, la municipalidad fijó una tarifa de 6 pesos por pasajero y 400 pesos por cada embarcación que ingresaba al puerto. Simultáneamente co

menzó a operar desde el puerto el barco de Catedral Turismo, con un peaje de 2 pesos. Esto motivó que Turisur dejara de operar desde el San Carlos y trasladara todos sus catamaranes a Puerto Pañuelo, ubicado a 25 kilómetros.

El conflicto se acentuó, por lo cual el subsecretario de Medio Ambiente, Carlos Ruchelli, reunió a las partes para buscar una solución. No obstante, no hubo avances.

A fines de marzo EB adquirió en sociedad con Catedral Turismo las embarcaciones "Flecha del Plata" y "Hovermar I", habilitadas por la APN para salir desde el puerto San Carlos y en julio comenzó a operar la embarcación "Don Luis", también desde el Centro Cívico. No obstante, en forma sorpresiva, en el mes de setiembre de 1992, Catedral Turismo dejó de operar en el San Carlos y retornó con sus embarcaciones a puerto Pañuelo.

El 16 de diciembre EB remitió una nota al Concejo aceptando renunciar a cualquier reclamo derivado de la falta eventual del recupero de la inversión efectuada, siempre y cuando se sancionaran dos ordenanzas. La primera de ellas (489/92) "obligaba" a todas las embarcaciones de más de 25 pasajeros a usar el puerto San Carlos y penalizaba a la empresa que embarcara más de 25 personas en Pañuelo, al que definió como "puerto de escala". La segunda ordenanza (488/92) otorgó a EB 60 meses adicionales para construir el "edificio principal" del puerto. La primera ordenanza fue vetada.

Al año siguiente los concejales aprobaron la ordenanza 207/93 por la cual crearon una contribución especial de acceso a Puerto Pañuelo que fijaron en 3,5 pesos. Lo recaudado se destinaría a un "fondo específico de obras costeras". En forma complementaria la ordenanza 208/92 estableció la jurisdicción municipal sobre costas del lago Nahuel Huapi.

A los pocos días, el 18 de mayo de 1993, mediante resolución 225, el directorio de la APN, bajo la órbita de la secretaría de María Julia Alsogaray, anuló la prioridad adjudicada al puerto San Carlos en 1988. La noticia cayó como un balde de agua fría. El municipio reclamó mediante cartas documento.

Al mes siguiente, el presidente de la APN, Alberto Pawly, viajó al sur para intentar alguna solución al conflicto. Al mediodía del 16 de junio se reunió con la intendente María de Costa y al día siguiente con EB y Turisur. Preguntado por "Río Negro" sobre las razones que motivaron a Parques a autorizar la construcción de un puerto y luego no alentar su utilización, Pawly respondió que "hubo un error" del que responsabilizó "tanto al ex intendente Edgardo Gagliardi como el ex presidente de Parques, Jorge Morello".

El 18 de junio, después de cinco años de conflicto, la intendente María de Costa logró reunir alrededor de una misma mesa a representantes de EB, Turisur, Parques y el propio municipio. Allí se propuso a Turisur que derivara parte de sus pasajeros al puerto San Carlos, con lo cual se evitaría que la APN licitara nuevas excursiones, con salida desde Bariloche, por unos 1.000 pasajes diarios.

Paralelamente a las negociaciones el gobierno de Costa, con el asesoramiento jurídico de Rodolfo Rodrigo, inició un procedimiento administrativo ante la secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alsogaray. El mismo fue denegado y de esta manera parecieron cerrarse los reclamos legales de Bariloche.

El 18 de julio de 1993, debido a las grandes lluvias, el puerto "se inundó" y el barco Don Luis se hundió en el embarcadero. Tras arduas tareas, fue reflotado.

 

TONCEK ARKO


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