Pese a la advertencia a fin del año pasado del Ente Regulador del Gas (Enargas) de que se iba a pagar un 35% más que lo presupuestado para la construcción de nuevos gasoductos, el gobierno de Kirchner hizo vista aparte, aprobó los contratos y ordenó seguir adelante con las obras.
La denuncia la lanzó ayer el matutino dominical Perfil, que fue quien instaló el caso Skanska, escándalo en el que la justicia investiga a la empresa Sueca y a funcionarios del gobierno por el supuesto pago de coimas.
El Ente Regulador del Gas (Enargas) advirtió en diciembre del 2006 que el presupuesto para la construcción de nuevos gasoductos registraba un sobreprecio de 486 millones de dólares pero a pesar de la advertencia del ex titular del ente, Fulvio Madaro luego desplazado por Kirchner cuando el tema cobró notoriedad pública los contratos fueron aprobados por el gobierno.
Según publicó ayer Perfil "el contrato de concesión de la segunda etapa del Plan Energético Nacional fue firmado entre la brasileña Ode
brecht y las mayoristas de energía, CAMMESA y Albanesi, por 1.872 millones de dólares, con el visto bueno gubernamental. El Enargas había establecido para esas obras un presupuesto oficial de 1.386 millones de dólares".
Madaro, el expulsado presidente del Enargas, admitió el desvío en los precios mediante una nota que envió en mayo último al secretario de Energía, Daniel Cameron y a la que tuvo acceso el medio que se publica los domingos. En la misma se señalaba que los contratos se encontraban "notablemente por encima de los valores detallados precedentemente".
El contrato de CAMMESA contenía un desvío de 349 millones de dólares respecto del presupuesto oficial, mientras que en el caso de Albanesi, la diferencia se acercaba a los 137 millones de dólares. Perfil sostuvo que la nota de Madaro habría sido rechazada por Cameron.
En la primera fase de la ampliación de los gasoductos Norte y Sur se habían utilizado facturas truchas para justificar sobreprecios millonarios que incluían el presunto pago de sobornos a funcionarios. Esa investigación se había iniciado en el fuero Penal Tributario a partir de una denuncia que hizo la AFIP.
(Fuentes: Perfil y DyN)
