El desempleo en la Argentina afectó durante julio al 7,8 por ciento de la población económicamente activa según anticipó hoy el presidente Néstor Kirchner. "Estábamos en 21 por ciento de desocupación y hoy estamos en 8,5 por ciento, y el último mes de julio 7,8 por ciento. Miren si no estamos ganando la batalla de la inclusión", afirmó Kirchner en un acto en esta ciudad a donde llegó acompañado por la senadora y candidata a la Presencia, Cristina Fernández.
Si bien el jefe de Estado y su esposa llegaron a la provincia con la excusa de encabezar un acto por la ampliación de la planta de aluminio ALUAR, dentro de dos semanas se celebrarán elecciones para gobernador en ese estado. La obra de ALUAR requirió una inversión de 850 millones de dólares para incrementar su producción de aluminio en 137 mil toneladas anuales.
La rebaja de la desocupación mantiene abierta una polémica entre empresarios, sindicatos y el propio Gobierno sobre la pertinencia o no de emitir una norma que derogue la denominada "doble indemnización" impuesta desde 2002 para evitar despidos. El indicador se ubicó en el 8,5 por ciento durante el segundo trimestre de este año, el nivel más bajo desde 1992. En mayo de 2002, cuando se impuso el recargo para despedir personal, había llegado a un máximo histórico del 21,5 por ciento. El gobierno dispuso primero un sobre costo del 100 por ciento, luego lo redujo al 80 y en la actualidad es 50 por ciento, con la promesa de eliminarlo cuando la desocupación se ubique debajo del 10 por ciento.
Tanto representantes de sindicatos como de los empresarios coinciden por diferentes motivos en que el gobierno tiene que emitir una norma para la derogación, mientras que el jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, dice que no. El diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, afirma que la caída del sistema requiere que el Ministerio de Trabajo emita una resolución a fin de darle "más seguridad jurídica" a las relaciones laborales.
El abogado señala que "el artículo cuarto dice que para que esa condición resolutoria se cumpla tiene que haber un acto administrativo del Ministerio de Trabajo; faltaría una resolución, que daría más seguridad jurídica". El vicepresidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, sostiene que sería preferible un acto administrativo para otorgar mayor claridad al mercado, aunque desde el sector patronal se considera que la doble indemnización ya no rige más. La cuestión para los empresarios es evitar, no obstante, aumentar la litigiosidad laboral aunque una situación que todavía se presenta como poco clara.
Fuente: DyN