El sobreseimiento de Elisa Carrió en la querella por injurias que le inició el empresario Héctor Antonio es una saludable noticia sobre el estado de la Justicia en el país, un tema que preocupa con demasiada frecuencia.
Aun cuando se ocupa de causas reservadas a la acción privada -como son las querellas por injurias- el sistema penal debe actuar en defensa del interés de la sociedad. El auxilio del Estado a la defensa de un interés individual del ofendido no puede, ni en éste ni en ningún otro caso, tergiversar la finalidad colectiva que sirve de sustento a todo el Poder Judicial.
Y Elisa Carrió no es un peligro para la sociedad, claro.
Es una dirigente política guiada por valores de defensa de la transparencia y la consolidación de las instituciones republicanas.
A veces, puede imputársele que sea algo temeraria, ya que va mucho más allá que otros integrantes de la "corporación política" en sus expresiones públicas.
Pero, aun cuando no pudiera probar todo aquello que afirma. ¿Podría justificarse poner en marcha el costosísimo sistema penal para castigarla y mandarla a callar, nada menos que amenazándola con una pena de prisión?
Es indudable que, en el país, es necesario promover y no desalentar la participación y la denuncia sobre hechos presuntamente oscuros en ámbitos del poder.
La Argentina derogó ya el delito de desacato. Y haría bien en eliminar de su Código Penal el resto de las figuras conocidas como "delitos de opinión" o "delitos de palabra".
En la mayoría de los casos, cuando la maquinaria judicial se pone al servicio de casos como éste, los expedientes se demoran, precisamente, porque nadie se atreve a dar un corte rápido, como sería un rechazo "in límine" de la demanda. No es casual que 14 jueces hayan pasado por este expediente contra Carrió. Ni tampoco es casual que, en aquella causa iniciada contra Andrés Calamaro también por una cuestión de dichos, el tema haya terminado con un pedido judicial de disculpas por las molestias causadas.
Lamentablemente o no, hay cosas mucho más importantes que justifican la existencia del Poder Judicial.
ALICIA MILLER
