BRASILIA (AP/DPA) - El Superior Tribunal Federal, la corte suprema de Brasil, decidió ayer enjuiciar por cargos de corrupción a más de una docena de personas, entre ellas un ex ministro del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El fallo no equivale ni a una absolución ni a condena, sino sólo que el tribunal acepta abrir un juicio por los cargos que formuló hace un año la Fiscalía.

Sin embargo, la corte rechazó abrir juicio por ese mismo delito a tres ex directivos del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, y a su ex ministro y otrora poderoso jefe de gabinete, José Dirceu.

Entre los acusados más prominentes destaca Luiz Gushiken, el ex secretario de Comunicación del presidente, por sospecha de desvío de dinero público.

La Procuraduría General de la República (PGR), autora de la denuncia, sospecha que los recursos desviados fueron usados para pagar coimas a legisladores aliados a cambio de apoyo al gobierno en el Congreso, maniobra descubierta en 2005 y conocida como"mensalao".

El dinero habría sido usado también para financiar campañas electorales del PT. También fue aceptada una denuncia por el mismo cargo contra el ex director de marketing del Banco do Brasil Henrique Pizzolato, y el empresario publicitario Marcos Valerio de Souza, considerado por la fiscalía como el encargado de distribuir entre los parlamentarios el dinero del "mensalao".

El STF no aceptó las denuncias hechas por el procurador general de la República, Antonio Fernando de Souza, contra Dirceu, y tres ex dirigentes del PT: el ex presidente del partido José Ge

noíno, el ex secretario general Silvio Pereira y el ex tesorero Delubio Soares. Todos ellos fueron catalogados por el procurador como el "núcleo central de la cuadrilla" que articulaba la maniobra de pago de sobornos a cambio de apoyo al gobierno, que al ser descubierta puso en jaque al gobierno de Lula da Silva. "La PGR no explicitó de forma satisfactoria cómo ellos habrían participado del desvío de recursos del Banco de Brasil", justificó la no aceptación de las denuncias contra los petistas, uno de los informantes del proceso, ministro Joaquim Barbosa. El STF resolvió abrir además un proceso penal contra el ex presidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, del PT, y contra el empresario Valerio de Souza. Cunha, absuelto por sus colegas legisladores en 2006 y posteriormente reelecto diputado en octubre de ese año, será procesado por lavado de dinero y corrupción pasiva, y está acusado además de aprovecharse de su cargo al frente de la Cámara Baja para beneficiar a las empresas de publicidad de Valerio de Souza .