VIEDMA (AV)- Los prestadores médicos de Viedma plantearon una óptica distinta dentro de los desacuerdos que vienen manteniendo con las autoridades del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), acusando a las autoridades de la obra social de romper el compromiso inicial. También rechazaron el hostigamiento que hizo la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, tras el fracaso de las negociaciones por un nuevo convenio prestacional.
El listado de reclamos que se les trasladó a los médicos para que firmen un acuerdo es que los funcionarios expresaron la pretensión de que el médico esté las 24 horas y los 365 días del año a disposición del Ipross. La forma de pago, de prosperar el acuerdo, sería recién a 60 o 90 días, y en cambio se desestimaron desde el Ipross el piso acordado entre la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba) y el IOMA.
En el Estado vecino, se pactó desde el uno de agosto pasado un valor de consulta mínima de 27,50 pesos, 35 pesos para (profesionales de) la categoría "B" y 42,50 pesos para la "C". El acuerdo implicó eliminar el pago de conseguro de 2,50 pesos por lo que el beneficiario concurre a consultorio sin necesidad de pago alguno.
"Ni un esclavo está tanto tiempo a disposición del amo, por lo que estaríamos en una verdadera relación de dependencia exclusiva, y además nosotros no estamos haciendo abandono de personas", denunciaron el presidente de la entidad, Osvaldo Galaburry, el secretario Gustavo Acosta y el tesorero, Reynaldo Galaburry; en relación al uso intensivo del consultorio y según lo planteado en el marco de la audiencia realizada en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que estudia un pedido de amparo de Piccinini.
Al reproducir parte de las conversaciones en ese ámbito, los directivos dijeron haber recibido una oferta de 11,02 pesos con un actualizado a 23 pesos; pero "la única forma de asegurarnos el pago era a 60 o 90 días".
Apuntaron al respecto que en ese punto se produjeron una serie de intercambios de opiniones porque "nos dijeron que podíamos hacer una cadena hasta cobrar en 60 días, a lo que respondimos que si era así, pedimos que los funcionarios se pospongan el pago de sueldo con lo cual ninguno aceptó", por lo tanto "deducimos que sólo los médicos tenemos un compromiso social y los únicos que tenemos que cumplir con todo, ellos no". Pusieron como ejemplo que en años anteriores "estuvimos ocho meses sin cobrar".
Frente al tenor de las conversaciones, el presidente del STJ, Víctor Hugo Sodero Nievas, ofreció como alternativa de un pago actualizado utilizando adelantos del Banco Patagonia, como agente financiero de la provincia; lo que -de acuerdo a la visión de los directivos médicos- quedó a estudio del Ipross.
Los directivos respondieron con dureza además los calificativos de que fueron objeto por parte de Piccinini. Calificaron de "inauditas y deplorables" las declaraciones formuladas por la funcionaria cuando en realidad "debería ocuparse de controlar a los órganos del Estado y no a los privados".
En esa línea argumental mostraron su desacuerdo con eso de que "nos perseguirá hasta abajo de los escritorios" por no acordar un convenio para la atención de consultas médicas a unos 40.000 afiliados de la obra social provincial, tanto de Viedma como de El Bolsón. Los representantes del Colegio Médico Zona Atlántica respondieron irónicamente a las expresiones de la defensora advirtiendo que en este caso controversial "la gallina tiene la culpa de que el zorro se coma los huevos", en directa alusión que los funcionarios no quieren arribar a una solución.
