El BOLSON (AEB) El candidato a gobernador de Chubut del radicalismo, Raúl Barneche, culpó al gobernador Saiz de la crisis a que ha enviado al centenario partido por no respetar la organicidad interna y apoyar la concertación con el presidente Kirchner.
Al respecto razonó que "la UCR es un partido que tiene más de 116 años, al cual se ingresa voluntariamente y por lo tanto al entrar uno acepta determinados planteos ideológicos, programáticos y, fundamentalmente, una organicidad de funcionamiento".
"Cuando se desconoce o se desprende uno como si fuera un ente independiente y se comporta políticamente en asociaciones, en frentes, en alianzas, sin el correspondiente respaldo institucional, creo que lo mejor que se puede hacer es dejar el partido porque si no se obliga a la estructura del partido a tomar decisiones que pueden parecer odiosas, como ésta de pedir la expulsión de un gobernador, pero que en realidad tienen que ver con el funcionamiento del órgano partidario", agregó.
Luego abundó que "si es una cuestión ideológica, creo que lo primero que hay que hacer es definirla. La Convención nacional del partido -tanto en Santa Fe como en Avellaneda- tuvo una clara posición sobre el particular pero evidentemente algunos gobernadores no responden y toman decisiones, en el marco de su jurisdicción, pero en nombre del partido".
- Usted habla de la discusión ideológica pero no deja de llamar la atención a muchos radicales que precisamente la UCR a nivel nacional promueve una fórmula que lleva a Roberto Lavagna; entonces al afiliado rionegrino no le extraña que su actual gobernador apoye a Kirchner en la mima línea de conducta si se quiere.
- Esta bien, pero usted esta obviando la organicidad partidaria. La UCR a nivel nacional se suma a un frente; normalmente siempre los proponía y es la primera vez que lo hace, bajo determinados acuerdos programáticos. Esta es la diferencia.
En otro orden, Raúl Barneche, que integra su fórmula a la gobernación con Pablo Del Giúdice, propone a los chubutenses que voten el 16 de setiembre, una revalorización de las instituciones de la República a través de una efectiva división de poderes y una nueva ley de coparticipación a los municipios para que la distribución de los recursos no quede en la discrecionalidad del gobernador.
