ROCA (AR)- La sequedad absoluta, o una pared de agua de 50 centímetros cúbicos por segundo, como ocurre ahora. Los pampeanos ya no soportan más el uso indiscriminado del agua que hace Mendoza sobre el río Atuel, y van por una nueva ronda en la Suprema Corte.

El problema no es nuevo, e incluso ya hubo un fallo de este organismo, cuyo dictamen ya va por su vigésimo aniversario, y que nunca fue acatado por los mendocinos. Ese fallo reconoció la interprovincialidad de las aguas del Atuel y promovió la negociación entre ambas provincias en conflicto, para que acordaran un caudal mínimo que debía llegar a La Pampa. Pero ese acuerdo nunca se cristalizó, y el noroeste pampeano se transformó en una mezcla de desierto y salitral, poniendo en serio riesgo en su totalidad el recurso ecológico allí existente. Incluso llevó a la desaparición de algunas especies como el yaguareté, el carpincho y el aguará guazú, y obligó a la partida de muchos pobladores que pretendían echar raíces en el lugar.

Basándose en este daño ecológico es que la Asociación Alihuen, comandada por Leandro Altolaguirre, prepara una nueva batalla judicial en la Suprema Corte, para que Mendoza acate el fallo que data de 1987, y les libere un caudal ecológico durante todo el año. Además promueven una reunión para solucionar definitivamente el tema de las crecidas sin aviso que generan un fuerte impacto en toda la zona, como ocurre hoy mismo en Algarrobo del Aguila y Santa Isabel, dos localidades cuyos habitantes conviven con el agua de la inundación prácticamente en la puerta de sus casas.

Este nuevo embate judicial se puso a consideración de los pampeanos el pasado 11 de agosto en una asamblea que se realizó en Santa Rosa, promovida por Alihuen. Allí se cosechó el respaldo de todo el arco político, del gobierno provincial, del ámbito universitario en su totalidad, encabezado por su rector, y de un gran número de productores de la zona afectada en el noroeste pampeano que viajaron especialmente para esta oportunidad, e incluso del ministro de Obras Públicas de Neuquén, de acuerdo con lo informado por Altolaguirre a este diario.

En la reunión celebrada en Santa Rosa estuvo presente además Leandro García Silva, en carácter de emisario del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

La presentación ante la Corte se hará en fecha a confirmar, mientras se trabaja en los detalles junto al asesoramiento del estudio porteño de Gil Domínguez.