SERAFIN SANTOS
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Esta semana volvieron a escaparse dos veces y fueron recapturados otras tantas, menores que se encuentran a disposición de la justicia, en algunos casos por homicidio, y pese a que ahora los alojan en un lugar adecuado y tienen a su disposición aulas y talleres para desarrollarse, algunos siempre prefieren escaparse y seguir delinquiendo. Es evidente que tanto las instituciones como las leyes son insuficientes para contenerlos, y el sistema que recibe niños y adolescentes en conflicto devuelve a la calle individuos más peligrosos.
Cada vez es mayor la proporción de menores que participan en delitos, alguno de extrema gravedad, y escasa la respuesta que la justicia le brinda a la sociedad. No es tan cierto que esos chicos sean instigados al delito por sus familiares, pero sí que llegado el caso tratan de encubrirlos y protegerlos, aunque esta sea la única muestra de afecto que hayan recibido en su vida.
Algunos pasan de los juegos infantiles al delito, como tratando de saltear la adolescencia, inspirados muchas veces en un ejemplo perjudicial que encuentran en un familiar o amigo. Por eso son frecuentes los jóvenes que en poco tiempo siguen los pasos de sus hermanos mayores hacia las comisarías, juzgados y alcaidía, sin un dejo de culpa o amargura, como si hubieran aprendido debidamente lo que debieran aprender. Hay una especie de consigna resignada de andar el camino que transitó el hermano o amigo en desgracia.
En estos casos, más abundantes de lo que la sociedad se imagina, ni la pena ni el resultado parece servir de correctivo. Su propia adolescencia los invita a resistir cualquier rasgo de autoridad, y en cuanto se convierten en mayores se resignan a estar encerrados, como si ello formara parte de un destino imposible de modificar.
Las autoridades tampoco han dado en el clavo a la hora de definir políticas de tratamiento y recuperación, y los resultados se advierten en la alta reincidencia que registran los menores con problemas con la ley.
La delincuencia juvenil no es un problema de las sociedades empobrecidas, ni perteneciente exclusivamente a los habitantes de los barrios marginales, pero el chico que delinque difícilmente encuentre entre sus allegados un modelo en un delincuente que llegó a reunir una fortuna o siquiera haya podido vivir dignamente con el producto de sus robos. Algunos cumplen penas de más de 20 años, y en su carrera apenas pudieron robar lo que gana un albañil en pocos meses de trabajo. Salvo en los casos de usura o la estafa, delitos reservados a quienes tienen formación y medios para vivir sin delinquir, los delincuentes barilochenses proceden de hogares humildes y deben recurrir al defensor oficial cuando caen en desgracia. Y no es el afán de "vivir como un duque" el que inspira al menor delincuente, sino, como la droga o la bebida, el deseo de pertenecer a esa clase marginal que maneja códigos, lenguaje y actitudes de un mundo reservado para pocos.
El Régimen Penal de la Minoridad prevé medidas para la recuperación del niño o adolescente que delinque, con el alojamiento del menor en lugar adecuado para su mejor estudio por el tiempo indispensable, y faculta al juez, cuando el menor está abandonado, falto de asistencia, en peligro moral o material, o presenta problemas de conducta, a disponer del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.
El problema que un día fue de los padres que no supieron o no pudieron educarlos, hoy es de toda la sociedad y sus instituciones, que tienen el deber de resolverlo, porque la Justicia sigue devolviendo a hogares deshechos y sin autoridad a menores que van escalando en la carrera delictiva.
A pesar de los avances en legislación e infraestructura, los procedimientos de ayuda y tratamiento a los niños y adolescentes, que han incursionado en el delito o manifiestan conductas antisociales, no han contribuido a solucionar el problema, uno de los más graves que padece la sociedad moderna.
