| PANAMA, (AFP) - La inminente salida de la cárcel del general Manuel Antonio Noriega, prevista para el 9 de septiembre, reabrió viejas heridas y divide a los panameños, muchos de los cuales quieren verlo cumplir la condena que pesa sobre él en su país. Ayer probablemente se sabrá si Noriega, de 72 años, será extraditado por Estados Unidos a Francia, donde es acusado por lavado de dinero, o a Panamá, donde la justicia lo condenó a 40 años de cárcel por asesinato y violación a los derechos humanos. El abogado de Noriega en Panamá, Julio Berríos, quien presentó en 1992 la primera solicitud de extradición del militar a Panamá cuando era asesor del ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró a la AFP que el ex dictador panameño "es un prisionero de guerra protegido por la Convención de Ginebra". La convención, según Berríos, obliga a Estados Unidos a deportar a Noriega a Panamá, pero el gobierno del presidente Martín Torrijos no está muy convencido de que los jueces estadounidenses lo vayan a entregar a Panamá, aumentando las suspicacias de la oposición que cree que el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) lo considera un personaje incómodo. El PRD, creado en 1978 por el general Omar Torrijos, padre del actual presidente, apoyó a Noriega cuando éste controló el país y el ejército entre 1984 y 1989. Noriega, también jefe de los servicios secretos del ejército entre 1970 y 1984, sacó del poder al presidente Nicolas Barletta y a sus dos vicepresidentes en 1985. | |