BUENOS AIRES- El juez federal Jorge Ballestero recibió ayer información que refiere que el desplazado ex director del Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, habría realizado al menos dos viajes a Venezuela en los últimos tiempos, y aún espera material fílmico requerido a las autoridades de Seguridad Aeroportuaria.

La información fue suministrada

por fuentes judiciales que dijeron que Ballestero tomará licencia desde el lunes, y será subrogado por su colega Norberto Oyarbide, quien difícilmente adoptará decisiones de peso en la causa porque estará al frente del caso por sólo una semana.

Ballestero abrió una investigación sobre Uberti a raíz de la denuncia que radicó el dirigente peronista Juan Mussa tras la detección, en Aeroparque y en poder del empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, de equipaje con 800.000 dólares que iban a ser ingresados al país sin haber sido declarados ante la Aduana.

Petróleos de Venezuela emitió ayer un comunicado en el que informa sobre la renuncia de Diego Uzcategui Mateus como gerente general de PDVSA América, así como a todas sus responsabilidades dentro de la estatal petrolera venezolana.

El texto agrega que en vista de la detección de transgresiones a la normativa interna de PDVSA la renuncia fue aceptada "en aras de facilitar las investigaciones".

PDVSA reiteró su disposición "de enfrentar toda la colaboración que requieran las autoridades competentes para el esclarecimiento definitivo del hecho" y advirtió que "se reserva las acciones legales y administrativas necesarias a objeto de preservar la integridad de la empresa y sus trabajadores".

El episodio, que costó el cargo a Uberti, dio origen a dos investigaciones judiciales: la principal tramita ante el fuero Penal Económico y es conducida por la jueza María Marta Novatti, que este jueves ordenó la captura internacional de Antonini Wilson.

Un segundo expediente, motorizado por el fiscal Gerardo Di Massi, es instruido por Ballestero, que requirió información a las empresas de taxis aéreos Macari y Royal Class sobre posibles traslados de Uberti, dijeron las fuentes.

En los tribunales en lo Penal Económico, la causa registra mayor actividad: la fiscal María Luz Rivas Diez promovió una investigación por tentativa de contrabando a través de la aeronave que el gobierno de Néstor Kirchner contrató para traer a la Argentina, el primer fin de semana de agosto, a ejecutivos de la empresa petrolera venezolana PDVSA, a Uberti y otros dos funcionarios argentinos, y a Antonini Wilson.

El grupo viajó, según las fuentes, en un avión privado de Royal Air. (DyN)