VIEDMA (AV)- No superaría los 15.000 pesos el monto de las irregularidades en el presunto mal manejo de fondos en la ex Caja de Previsión Social. Algunos de los hechos llevados a juicio son de hasta 170 pesos, como es el que se le imputa como autor al ex secretario General de la Caja, Gabriel Papparelli.
En la audiencia de ayer los abogados defensores de los siete imputados en acuerdo con la Fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, desistieron de unos 30 testigos de los 64 que habían sido convocados por el Tribunal, en un principio, para este juicio que se extenderá hasta mediados del mes próximo y que con esta disposición podría agilizarse. Ayer declaró sólo uno de ellos, Roberto Carrizo.
Las personas que no prestarán testimonio en esta audiencia ni serán incorporadas por lectura estaban incluidas como testigos en hechos que formaron parte de esta investigación pero que se extinguieron por distintos sobreseimientos dictados en beneficio de los imputados a lo largo de los ocho años de investigación. Algunos sostienen que esos hechos eran los de mayor cuantía en relación al presunto perjuicio ocasionado al erario provincial pero que ya nunca serán juzgados. Sólo llegaron a juicio los casos menores, a tal punto que algunos son por 150 pesos, aunque nada es menor si se trata de un delito.
En este marco los comentarios críticos contra la instrucción de la causa se hacen escuchar cada vez con mayor fuerza y coincidencia de parte de los abogados defensores. No hay duda que todos apuntarán allí a la hora de los alegatos.
Consultada sobre el daño producido al Estado rionegrino, la fiscal de Cámara, Adriana Zaratiegui, explicó que si bien en algunos casos el perjuicio es potencial existen en la causa hechos por montos desde los 150 pesos, estimando que la cifra total no superaría los 15.000 pesos.
Explicó que el delito que se adjudica a los siete imputados -Pazzi, Papparelli, Sonia Nazzetta, Oscar López Ocampos, Wálter Colombil, José Herrero y Olga Queupil- es el de "defraudación a la administración pública bajo la modalidad de administración fraudulenta" como un hecho continuado durante la gestión de Guillermo Pazzi al frente de la ex Caja de Previsión Social. Esta administración fraudulenta se habría concretado con distintas modalidades y a través de expedientes que tramitaban en aquel organismo como la presentación de facturas denominadas "truchas", es decir que no correspondían efectivamente a bienes ingresados a la Caja o a servicios prestados a esta dependencia previsional. Agregó que también fueron utilizadas contrataciones bajo la modalidad de concurso de precios sin que en realidad éste se haya realizado o licitación encubierta.
