Hay ocasiones en que lo más importante en unas elecciones no es tanto saber quién ha obtenido mayor número de votos o de escaños, o incluso quién va a formar gobierno, sino cuál es la nueva situación tras el paso por las urnas para abordar los principales problemas que tiene planteados el país. Es precisamente lo que ocurre en las recientes elecciones turcas, en las que estaba anunciada de antemano la amplia victoria del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por el actual jefe de Gobierno, Recep Tayyip Erdogan, pero en las que lo realmente decisivo era y es saber si tras estas elecciones hay o no condiciones más favorables para hacer frente a la crónica crisis política que viene sufriendo el país otomano.

La propia convocatoria anticipada de las elecciones no es sino una muestra de esta crisis. Si bien resulta irrelevante el corto período temporal de anticipación (faltaban tan sólo tres meses para agotar los cinco años de duración del mandato parlamentario de los diputados de la Gran Asamblea Nacional turca), las causas que originan el adelanto electoral sí son reveladoras de verdaderos problemas de fondo en el funcionamiento del sistema político turco. Recuérdese que estas elecciones tienen su origen en la imposibilidad de elegir, la pasada primavera, al nuevo presidente de la República una vez expirado el período de mandato de siete años (2000-2007) del actual, Ahmet Necdet Sezer. Esto origina una seria crisis institucional que va a enfrentar al gobierno de Erdogan y la mayoría parlamentaria que lo respalda por una parte y, por otra, al propio presidente de la República saliente, respaldado por el Ejército, que llega incluso a intervenir en la crisis a través de un inquietante comunicado (memorándum del 28 de abril). El pasado lunes, el AKP volvió a presentar a Abdulá Gül como candidato a presidente.

No son grandes las variaciones que experimenta la composición de la Gran Asamblea Nacional en relación con las anteriores elecciones (2002), en las que sí se produjo un cambio radical en el, hasta entonces, muy plural mapa político turco. Este quedó reducido a tan sólo dos fuerzas políticas AKP y CHP con presencia parlamentaria como consecuencia de la ley electoral aprobada entonces, que exigía un mínimo del 10% de los votos en la totalidad del país para poder tener representación parlamentaria. Ahora, tras las recientes elecciones, junto a las dos formaciones reseñadas, las que experimentan un comportamiento dispar mientras el histórico CHP se estanca en el mismo porcentaje (20%) obtenido hace cinco años, el AKP avanza de forma importante (del 34% al 46%), hay que añadir también al MHP, Partido de Acción Nacional (14%; 9,5% en 2002), expresión del radicalismo nacionalista en auge, y la presencia de una significativa representación kurda obtenida a través de candidaturas independientes en la zona suroriental.

Pero más allá de las variaciones coyunturales en el mapa político parlamentario turco, que probablemente sería muy diferente con otra ley electoral distinta de la actualmente vigente, tiene mayor interés centrar la atención en los componentes estructurales de la sociedad turca, ya que son éstos los que vienen condicionando de forma determinante el desarrollo del proceso político. En este sentido, es preciso constatar la existencia de dos grandes bloques político-sociales que, de forma esquemática y aun a riesgo de simplificación, pueden ser definidos en función de su adscripción ideológica al referente islámico o laico.

Hay que puntualizar, no obstante, que tanto el componente islámico como el laico presentan unas características muy especiales, que son precisamente las que confieren rasgos acusadamente distintivos al complejo proceso político turco. Así, el AKP, formación política que representa a los sectores sociales islámicos (y, no lo olvidemos, primera fuerza política turca que detenta el

gobierno respaldado por una amplia mayoría parlamentaria), poco o nada tiene que ver ni por su programa ni en su práctica con los partidos que en otros países se adscriben al islamismo político. Más bien podría ser ubicado en posiciones más próximas a partidos como los socialcristianos o democristianos europeos; así lo proclama, además, su principal dirigente, Erdogan, que no duda en aludir expresamente a la democracia cristiana alemana como referencia comparativa. (Y, dicho sea de paso, la polémica sobre el grado de islamismo del AKP sirve de hecho para encubrir la naturaleza real de este partido, netamente liberal en el plano económico y profundamente conservador en el social).

Asimismo, y por lo que se refiere al componente laico, hay que llamar la atención sobre el muy peculiar, e incluso muy dudoso en algunos aspectos, laicismo turco. Aunque no es posible tratar en estas breves líneas sobre este punto con la mínima extensión que el tema requiere, sí es preciso advertir que, a pesar de las rotundas declaraciones constitucionales (y, en otro plano, de la recurrente polémica sobre el velo femenino, que por mucho radicalismo que suscite es completamente tangencial en relación con el principio de laicidad), las estrechas vinculaciones de los poderes públicos con la confesión musulmana mayoritaria (acompañadas del trato discriminatorio a las demás) hace que existan fundados motivos para poder dudar sobre la efectiva vigencia del principio de laicidad en la República turca. Ello no es impedimento, sin embargo, para la profusa utilización, en especial desde algunos sectores con estrecha vinculación al Estado, del recurso al laicismo como coartada autolegitimadora de posiciones autoritarias y escasamente democráticas.

En este contexto, la Asamblea Nacional y el gobierno surgido de estas elecciones han de hacer frente a dos cuestiones. La primera, con carácter inmediato: la elección del nuevo presidente de la República, que está precisamente en el origen de las recientes elecciones y que, de no poder realizarse en las próximas semanas, obligará, de acuerdo con la Constitución, a acudir de nuevo a las urnas, agudizando así más aún la crisis institucional que viene sufriendo Turquía. La segunda, de mayor calado, es abordar sin dilación las necesarias reformas institucionales, las que exigen una revisión constitucional en profundidad para evitar, en lo sucesivo, la reproducción de nuevas crisis políticas como la actual, que sigue abierta tras las elecciones y que no quedará cerrada hasta que se elija al nuevo presidente de la República y se encauce el proceso de revisión constitucional.

Cuestión esta última que es clave para alcanzar la normalización institucional. Hay que tener presente que la actual Constitución turca, de 1982, es producto de un golpe de Estado (1980) y que, a pesar de las revisiones constitucionales que ha experimentado (algunas muy importantes, como las de 1995, 2001 y 2004), sigue manteniendo componentes difícilmente compatibles con el constitucionalismo democrático. En particular, en el terreno de las relaciones entre las instituciones políticas y las FF. AA., manteniendo instancias vinculadas a éstas y a la Jefatura del Estado simultáneamente, como el Consejo de Seguridad Nacional, órgano clave en la estructura institucional y de muy dudoso encaje en un esquema constitucional democrático, o asimismo en las relaciones entre la Presidencia de la República, el gobierno y la Asamblea Nacional, origen precisamente de la actual crisis.

Pero para poder realizar estas necesarias reformas institucionales (e, incluso, para poder solucionar satisfactoriamente la inmediata elección del presidente de la República) no basta con las mayorías numéricas; es preciso, además, alguna forma de acuerdo transversal entre los dos grandes bloques islámico y laico y sus respectivas representaciones institucionales: por una parte, el gobierno y la mayoría parlamentaria y, por otra, el presidente de la República y la cúpula de las FF. AA. Sólo así será posible poner fin definitivamente a la crisis política e institucional que, de forma crónica, viene afectando a Turquía en los últimos tiempos y que se ha puesto de manifiesto, una vez más, con motivo de las últimas elecciones.

ANDONI PEREZ AYALA (*)

El País Internacional

(*) Profesor de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad del País Vasco UPV / EHU.