BUENOS AIRES (DyN).- El gobierno ofreció ayer 100.000 pesos de recompensa por el paradero del prófugo Mario Ochoa, condenado a 16 años de cárcel por el abuso sexual de chicos discapacitados, pero su abogado informó que se entregará cuando reciba garantías de que no será asesinado en una prisión.
Ochoa escapó el martes, poco después de saberse que el Tribunal de Casación bonaerense ordenó su captura al revocar el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba-
El abogado de Ochoa, Rubén Jones, dijo que su cliente quiere entregarse pero pidió garantías ya que teme ser asesinado en la cárcel. "No ofrezcan recompensa ni pierdan plata, porque lo que preocupa acá es la vida de Ochoa. Yo en un penal temo por su vida, sólo quiero que puedan garantizarle un marco mínimo de seguridad en ese sentido", aseguró Jones. La recompensa ofrecida fue dispuesta mediante una resolución del ministro del Interior, Aníbal Fernández, y distribuida a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.
En tanto, a partir de ayer, a la búsqueda de Ochoa que realizaba la Policía Bonaerense se sumaron efectivos de la Federal y de distintas provincias, así como Gendarmería y Prefectura.
Ochoa, casado y padre de dos hijos -uno de ellos con síndrome de Down-, fue encontrado responsable de cinco abusos sexuales a chicos de entre 16 y 18 años que padecen la misma patología genética, a los que llevaba en una combi a sus respectivos colegios. El caso continuó ayer generando polémicas entre los familiares y derivó en un pedido de juicio político por "mal desempeño" presentado por el abogado Gregorio Dalbón contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, que condenó a Ochoa y le otorgó el arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.
El pedido fue presentado ante el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Daniel Soria.
El letrado aseguró a DyN que el pedido "no es por el fallo sino por no haber previsto medidas de seguridad tendientes a evitar que se fugue y ponerle custodia policial. Por eso la denuncia involucra a los tres jueces".
"Sin perjuicio de que la ley permite este tipo de decisión judicial, los jueces no analizaron con sana crítica la posibilidad de tomar medidas adecuadas de seguridad para evitar la fuga del condenado", indicó
