BUENOS AIRES (ABA) .- Aunque para Guillermo Tiscornia las cartas hace tiempo estaban echadas, su suspensión decidida ayer en forma unánime por el plenario del Consejo de la Magistratura estuvo envuelta en un clima polémico por tratarse del juez en lo Penal Económico que citó a declarar a la ministra de Defensa, Nilda Garré.
El debate que terminó con el desplazamiento de Tiscornia de su cargo por seis meses (será reemplazado de inmediato por un subrogante) y la habilitación del juicio político en su contra por "mal desempeño".
Los consejeros coincidieron en que la situación de Tiscornia era indefendible, incluso a partir de la definición de Federico Storani: "Hay mérito y es la oportunidad: El juez (por Tiscornia) merece la acusación como lo sostuve el año pasado en la respectiva comisión- más allá de la coincidencia temporal de que está investigando a la ministra de Defensa. Al mismo tiempo, es necesario poner la lupa en quien lo va a reemplazar", afirmó el miembro del Consejo y diputado nacional del radicalismo.
Por su parte, el oficialista Carlos Kunkel, deslizó que hay que despejar los temores de parte de la sociedad acerca de que la salida de Tiscornia pueda afectar la independencia judicial para beneficiar al gobierno. "No hay ningún
inconveniente para que avancen las investigaciones que puedan involucrar a funcionarios públicos", sostuvo el ex subsecretario de la Presidencia de la Nación. Incluso, uno de los representantes de los abogados Luis Cabral, deslizó que hace 45 días estaba informado este dictamen (por el aprobado en la víspera).
Con el asentimiento de todo el Consejo de la Magistratura se designó a Storani y a Santiago Montagna quien elaboró el dictamen- como quienes en el rol de fiscales sostendrán la acusación contra Tiscornia ante el jurado de Enjuiciamiento.
La acusación de mayor impacto contra Tiscornia fue la de haber exigido una coima de 4 millones y medio a la empresa de juegos Codere, a cambio de no iniciar una acción penal en su contra, situación de la que habría numerosas pruebas entre ellas una
cámara oculta en donde el padre del juez (Agustín Tiscornia) le pedía dicho pago a un representante de Codere.
También se verificó que el juez suspendido reprodujo en numerosos casos unos 200- los argumentos de la defensa, y antes se le endilgó otra conducta irregular en la causa conocida como la "mafia del oro".
Pero más allá de la unanimidad, la sesión de ayer no fue nada tranquila a partir de que los "gurkas" del kirchnerismo, Kunkel y especialmente Diana Conti, acusaron a los representantes de los jueces Cabral y Luis Bunge Campos de intentar "burocratizar" la cuestión para "favorecer a la defensa de Tiscornia".
La reacción se produjo ante el planteo formal de Bunge Campos de que una comisión debata sobre los ítems del dictamen acusatorio. "Son chicanas inadmisibles", asestó entonces Conti. Entonces terció el presiente del cuerpo, Pablo Mosca, subrayando que más allá de discrepancias formales había acuerdo de fondo. De los 13 consejeros que componen el organismo estuvieron presentes 12, con la sola ausencia del oficialista Nicolás Fernández.
