LONCOPUE (AZ).- La relación entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante no es la mejor en esta localidad. El veto del intendente Wálter Fonseca a tres ordenanzas donde los ediles autorizaban la venta de terrenos para fines comerciales desató la polémica.

El presidente del Concejo, Juan Carlos Almendra, advirtió que "este tipo de actitudes buscan trabar el crecimiento y progreso de nuestra localidad" y rechazó que existan irregularidades en las ventas de las tierras.

Una de las normas objetadas es del 19 de diciembre de 2006 que el Ejecutivo se negó a promulgar planteando ante el Tribunal Superior de Justicia un conflicto de poderes.

"Queremos expresar a la comunidad que dicha ordenanza se otorgó en forma excepcional tomando en consideración que se trataba de un terreno con una superficie mayor a la que actualmente se utiliza en la zona de tierras comerciales y que diferentes informes aconsejaban trasladar el corralón El Ñorquín por razones de seguridad, medio ambiente y eliminación de ruidos molestos", señaló Almendra.

La otra ordenanza cuestionada es del 17 de abril de este año mediante la cual se le vendía una fracción de terreno a la empresa Adega SA, para instalar una barraca.

"Creemos que este cuerpo deliberativo debe mejorar la actividad comercial local dando prioridad a los proyectos que demuestren interés en aumentar la calidad de vida de nuestros pobladores y que se creen nuevos espacios comerciales" explicó.

La última ordenanza vetada por el Ejecutivo es la que autoriza la venta de un terreno para la instalación de una clínica médica.

"No sólo que es un servicio inexistente en Loncopué sino que además se prestaría atención en especialidades como ginecología, pediatría, cardiología y cirugía, entre otras, que son indispensables para nuestros vecinos", sostuvo Almendra.

El titular del Concejo disparó munición gruesa contra el intendente Fonseca al advertir que "nos llama poderosamente la atención el hecho que en otras ordenanzas de venta de terrenos no se haya procedido de la misma manera, es decir que no fueran vetadas, lo que supone a simple vista animosidad manifiesta de parte del Ejecutivo hacia el Deliberante y los compradores de la tierra".