BUENOS AIRES- La Cámara de Diputados trataba anoche una modificación de la llamada ley Cafiero, por la cual se habilita a la Ciudad de Buenos a tener su propia fuerza de seguridad. El tratamiento del polémico traspaso de Nación a la Ciudad se demoró, porque la Cámara Baja comenzó a sesionar recién pasadas las 19, y decidió antes debatir las iniciativas sobre financiamiento de deudas previsionales y tributarias a las prestadoras de salud y el aumento del mínimo no imponible para aplicar el impuesto a las ganancias de los trabajadores bajo relación de dependencia.

Diputados del Frente para la Victoria y del PRO y otros bloques de la oposición mantuvieron a nivel de comisiones sus diferencias sobre el alcance que deberá tener la ampliación de la autonomía porteña, pero el debate siguió por la tarde en el recinto con la discusión de dictámenes apoyados por cada uno de los sectores.

La iniciativa apunta a derogar el artículo 7 de la llamada Ley Cafiero que limita las facultades del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, necesita para ser aprobada una mayoría especial de 129 votos tanto en el tratamiento en general como en particular.

Los bloques del PRO, ARI, la UCR, Peronismo Nacional y Claudio Lozano (CTA), consideraron "poco claro" e incompleto el dictamen que propuso el oficialismo, cuyos diputados defendieron el texto "como un gran avance" para que la ciudad pueda tener su propia policía. El asunto de la transferencia de los recursos que reclamó la oposición, quedó fuera de la discusión de parte del Frente para la Victoria.

La oposición pidió que -si bien el despacho del oficialismo alude a posteriores convenios entre la Nación y la Ciudad- el dictamen se refiriera taxativamente al artículo 6 de la Ley Cafiero, pero el reclamo de Silvana Giudici (UCR- Capital) no encontró eco.

El dictamen que firmaron los representantes del oficialismo de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Municipales establece que "el gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales".

El mismo artículo 1 indica que el gobierno de la Ciudad "ejercerá las funciones y facultades de seguridad en materias no federales" y establece que el gobierno central "las seguirá ejerciendo (las facultades) hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido" por la administración porteña. (DyN)