SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las vallas de protección que bordean el playón de la Costanera, ubicado al Oeste del Puerto San Carlos, están rotas desde hace años o directamente ya no existen.

El abandono podría no llamar la atención porque hay otros puntos de la ciudad en igual estado o peor. Pero las barandas en cuestión han ganado fama a partir del accidente que sufrió allí un vecino de Neuquén y que le costará al municipio más de 200 mil pesos de indemnización.

A pesar del juicio perdido y de lo que debe pagar, nadie pensó en reparar los caños, que siguen siendo un riesgo latente para los cientos de paseantes que circulan por el lugar.

El secretario municipal de Obras Públicas, Juan Carlos Alvarez, admitió que en el presupuesto 2007 "no está previsto" el arreglo del sistema de seguridad. El costo de la sencilla obra -necesaria por seguridad y también por estética- rondaría los $30.000.

La inesperada caída que le costó una incapacidad parcial a Esteban Gustavo Micozzi ocurrió en un sitio donde a toda hora suelen parar ómnibus y casas rodantes. También es un lugar ideal para tomar fotos del lago y la cordillera. Sin embargo, el municipio no tiene como prioridad la recuperación del playón. Alvarez dijo que tanto o más le preocupan "otras urgencias" relacionadas también con la seguridad.

Mencionó por ejemplo "la colocación de los guarda rails que reclaman en todas las escuelas", la construcción de refugios para el transporte o la situación de la Barda del Ñireco, donde decenas de familias viven bajo riesgo permanente de desmoronamientos.

En cualquier caso, de ocurrir un nuevo hecho infortunado el municipio quedará expuesto a nuevas demandas y con todas las de perder.

La abogada del Ejecutivo municipal, Barbara Figueirido, reconoció que el accidente del playón fue el más caro pero no el único que les toca afrontar. Dijo que el municipio también debió indemnizar en unos 10 mil pesos a una mujer que se lesionó por una vereda rota en el Paseo de las Colectividades, mientras existen "varios reclamos más en trámite".

Explicó que el accidente de Micozzi fue claramente sobre un espacio público, donde el municipio es responsable excluyente. Pero no ocurre lo mismo cuando hay un particular involucrado, por ejemplo ante una caída ocurrida en la vereda de un negocio o vivienda.

Figueirido dijo que el antecedente del juicio por la baranda rota no es tan preocupante como "la doctrina judicial de daños que se está dando en casi todos los tribunales y que tienden a fallar a favor del demandante y contra el Estado", al que en el mejor de los casos le cargan un incumplimiento al "deber de control.

El accidente de Micozzi ocurrió el 12 de octubre de 2001. Dos años después consiguió un primer fallo a favor, que el municipio apeló y perdió en instancias sucesivas, hasta que hace un mes el STJ ratificó la condena.

La sentencia de Cámara fechada en diciembre pasado obliga al municipio a pagarle a la víctima 135.100 pesos, más un interés del 18% anual hasta la fecha de "pago efectivo".

Se le deben suman otros $36.882 en honorarios para los abogados de Micozzi y $10.000 más que cobrarán los peritos convocados durante el juicio.

El municipio no tiene presupuestado ese desembolso este año, de modo que pagaría recién en 2008, con lo cual el accidente ocurrido hace seis años terminará costándole a los contribuyentes algo más de 200 mil pesos.

Figueirido aseguró que si mantuvieron la puja en la Justicia fue porque esperaban otro resultado. Aun así aclaró que la primera sentencia le reconocía a Micozzi una discapacidad mayor, que luego fue revisada por el tribunal de apelación. También dijo que la primera demanda del accidentado "fue por 400 mil pesos", de modo que el municipio puede felicitarse de haber reducido esa cifra.