CIPOLLETTI (AC).- Poco después de que se conociera una nueva toma de tierras en la ciudad, el municipio salió a anunciar la primera compra de un terreno en el futuro Distrito Vecinal Noreste.

Unas sesenta familias se instalaron durante el fin de semana en un sector cercano al barrio Anai Mapu esgrimiendo las dificultades para acceder a un "trozo de tierra" donde levantar sus casas.

Eduardo, uno de los referentes de la toma, explicó que la mayoría de las familias pertenece al barrio Anai Mapu y que tomaron la decisión ante la falta de respuestas de las autoridades. "Que sí, que no, hace más de un año que estamos dando vueltas y ya no podemos seguir viviendo de esta manera", expresó sobre la falta de un lugar donde levantar una casa.

Dijo además no "tener ni idea" a quien pertenecen esos terrenos y adelantó la voluntad de abonar las tierras donde se asentaron. La toma se inició el sábado durante la mañana y ayer ya había cerca de sesenta familias que habían instalado carpas y precarias casillas. Al cierre de esta edición no habían recibido ninguna orden de desalojo, salvo la presencia de la policía provincial que se acercó hasta el lugar para evitar que se produzcan problemas, según explicaron los vecinos.

Cuando la situación del terreno usurpado tomó repercusión pública, la municipalidad anunció la compra de un terreno de casi 57.000 m2 a uno de los propietarios de la tierras de "El Treinta".

Por esa superficie se abonaron unos 100.000 pesos a un precio de 1,76 pesos el metro cuadrado que "fue el costo estimado por el Colegio de Martilleros de la IV Circunscripción Judicial", se aclaró en el parte de prensa.

También se informó que se firmó el boleto de compra venta y que este es el primer convenio que cierra la municipalidad en el proceso de avenimiento que surgió de la ley de expropiación dictada por la Legislatura provincial.

El distrito es el proyecto que impulsa el gobierno municipal para lograr que las familias de bajos recursos puedan acceder a un terreno propio donde construir sus viviendas.

Sin embargo, la medida generó más de una polémica no sólo con los propietarios del sector que reclaman un precio más alto por sus tierras sino también entre muchos de los futuros beneficiarios que se niegan a trasladarse hacia esa zona.