SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La prestación de servicios y el cobro de tasas en el Catedral fueron cedidas por el municipio a la Asociación Empresarial del cerro (AEAC) mediante un convenio de concesión que incumple varios artículos de la Carta Orgánica. Así lo señalaron varios concejales y también el asesor letrado del Deliberante, quienes consideraron "muy difícil" que esa tercerización resulte aprobada por ordenanza.

Ocurre que el Ejecutivo debió someterla a consideración de los ediles antes de la firma, pese a lo cual el convenio ya rige de hecho desde el 1 de julio.

Los concejales Marcelo Cascón, Sandra Guerrero y Diego Breide advirtieron también que el municipio no puede otorgar concesiones sin previa audiencia pública.

Además de incumplir ese requisito, el convenio también impone por simple acuerdo de partes un régimen tarifario especial para los contribuyentes del Cerro, cuando el artículo 101 de la COM establece que no se pueden crear o modificar tributos municipales sin ordenanza sancionada con 2/3 de los votos.

El acuerdo está fechado el pasado 12 de julio y en nombre del municipio lo firmó el secretario de Gobierno Adolfo Fourés, cuando estuvo por un breve período a cargo del Ejecutivo entre el pedido de licencia del intendente Alberto Icare y su reemplazo por el presidente del Deliberante, Marcelo Cascón.

El municipio cedió por ese instrumento "la prestación y cobro de los servicios públicos comunitarios en el área base Catedral" y detalló entre las obligaciones de la AEAC la recolección de residuos, la limpieza de espacios públicos, el mantenimiento de calles y el despeje de nieve en la playa de estacionamiento.

También le asigna responsabilidad en el mantenimiento de la red cloacal, la señalización de calles y "el control de actividades extrañas, en particular promotores y vendedores ambulantes en toda el área".

El convenio anterior (que no está sostenido en ninguna ordenanza) fue por dos años, pero el actual tiene una vigencia de cinco años a pedido de la empresarial, que espera así asegurarse los ingresos "para poder comprar camiones y maquinarias con financiamiento". Pero la precaria legalidad del convenio pone un manto de incertidumbre sobre esa intención.

El texto establece que la AEAC debe presentar un presupuesto anual y en función de ese monto calculará la tasa a aplicar sobre cada contribuyente del cerro. Cascón aseguró que en lo formal el convenio "no está vigente" y que seguramente "recorrerá el mismo camino que el anterior". En el 2005 el Ejecutivo envió el proyecto de ordenanza respectivo pero nunca fue aprobado. El 1 de octubre de ese año el asesor letrado del Deliberante, Federico Lutz, emitió un severo dictamen en contra y ante el rechazo seguro de los concejales, el 1 de diciembre de 2005 el intendente Icare retiró el proyecto.

Cascón observó también que el Ejecutivo no siguió los pasos obligados por el artículo 132 de la COM, según el cual las contrataciones deben realizarse "mediante procedimiento público de selección que garantice la imparcialidad de la administración para los interesados".