VIEDMA (AV).- El Superior Tribunal de Justicia evaluará la responsabilidad del Ipross y de los médicos por el pago diferencial que los afiliados deben realizar para sus atenciones en consultorios, conocido como plus. El cuerpo judicial convocó para el 14 de agosto a las autoridades de la obra social y de las entidades médicas para una conciliación a partir de un amparo colectivo planteado por la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini.
Esta participación del STJ se origina en la irregular prestación que reciben unos 40 mil afiliados, que pertenecen a Viedma, Guardia Mitre, General Conesa, San Antonio, Sierra Grande, Carmen de Patagones y El Bolsón. El planteo de la Defensoría responsabiliza al Ipross, como también al Colegio Médico de la Zona Atlántica y la Federación Médica de Río Negro.
Esos afiliados son mayormente agentes públicos y cautivos en su pertenencia al Ipross. Sus aportes son los mismos que cualquier otro afiliado de Río Negro, pero no son atendidos por "consulta médica", pues no hay convenio directo entre el Ipross y los médicos. Esa situación ya acumula más de cuatro años en Viedma.
Ahora, el STJ se abocará a la cuestión, citando -según el artículo 16 de la ley 2779- a "las partes a una instancia obligatoria de conciliación de los intereses en conflicto". Luego, el tribunal deberá resolver, previéndose que pueda aplicar sanciones o multas si se rechaza la "solución conciliatoria" o si no concurren a la audiencia.
En su planteo de abril pasado, la Defensora entendió que esos afiliados reciben "un trato discriminatorio y/o desigualitario" en el acceso a "la consulta médica" en relación al resto de la provincia. Piccinini expresó "toda vez que deben pagar la suma que discrecionalmente determina el médico tratante que oscila entre 40 pesos y 60 pesos para recibir luego de parte del Ipross un reintegro fijo" de 10 pesos. Los otros afiliados de las localidades, "en idénticas condiciones, abonan solamente 2,50 pesos en concepto de coseguro".
Recientemente, el Ipross incrementó el reintegro de 10 a 14 pesos, pero igual no cubre un tercio del costo que el afiliado abona al profesional. Incluso, los médicos subieron sus honorarios cuando conocieron de la suba del reintegro.
Asimismo, Piccinini consideró que la "situación es violatoria de principios superiores del derecho vigente", como igual-dad, no discriminación, razonabilidad y acceso a la salud como bien social básico".
Además, la Defensora avanza en relación a la responsabilidad de los médicos. La óptica formalista encuentra al Ipross, como principal responsable, pero hay un "entrelazado de responsabilidades, legales, convencionales y éticas incumplidas por todos los actores".
Calificó de "inaceptable" esta situación y aludió a "responsabilidades de los distintos actores involucrados". Afirmó que la dependencia del paciente en su relación con el médico no se debe es
