BUENOS AIRES.- El juicio contra diez ex represores por el secuestro y desaparición de militantes montoneros entre 1979 y 1980 en la llamada "contraofensiva", entró en su etapa final y el juez federal a cargo de la causa, Ariel Lijo, viajará a España para tomar declaración a una sobreviviente y luego emitirá veredicto.

Las audiencias públicas en las que se escuchó a testigos del caso finalizaron el viernes último al inicio de la feria judicial de invierno, por lo cual Lijo quedó ya en condiciones de dictar su fallo, con un plazo máximo de 40 días.

Antes, el magistrado viajará a España para tomar testimonio a la sobreviviente Silvia Tolchinsky, quien junto a otros militantes montoneros exiliados intentó volver al país entre fines de 1979 y principios de 1980 para participar de una bautizada "contraofensiva" contra la dictadura. En aquellos años, para la conducción de montoneros alcanzarían unos cuantos cientos de combatientes en el país para producir un levantamiento popular y organizar una insurrección que destituyera al gobierno militar y condujera a ellos al poder.

Todos los que volvieron fueron interceptados y secuestrados, en un hecho por el cual ahora se juzga al entonces general Cristino Nicolaides y a otros nueve acusados, en el primer juicio a una cúpula militar desde la anulación de las leyes del perdón. Junto a Nicolaides, están acusados los ex jefes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, coroneles Jorge Arias Duval, Pascual Guerrieri y Julio Bellene.

El proceso se sustancia en base al viejo Código procesal penal, por lo cual no se trata de un juicio oral y público con un tribunal de tres miembros, sino de un proceso escrito con un único juez.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado del caso por las objeciones recibidas por parte de la Cámara Federal a raíz de su decisión de detener a dos ex jefes montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía.

El juez los acusó como supuestos partícipes necesarios del secuestro de los militantes, por haber sido los impulsores del operativo de vuelta al país, pero luego fueron liberados y esos cargos quedaron desestimados.

(DyN y Redacción Central)