La adopción de un proyecto turístico integrado para la ciudad deberá tener al Estado municipal como sujeto primero y al cerro Catedral como un recurso clave, sino el principal. Nadie pone en duda este concepto. Será por eso que es imposible encontrar algún actor político, social o económico que -al menos públicamente- se oponga al traspaso del cerro al municipio. Pero en los laberintos de la burocracia nada es lo que parece. Y aún con tanta unanimidad de su lado, el trámite de municipalización sigue trabado desde hace más de tres años.
Hubo en 2004 una ley que actualizó la concesión de CAPSA para la explotación de los medios de elevación, con un artículo que fijaba un plazo de 24 meses para formalizar la transferencia al municipio, pero la provincia no cumplió. Hubo después otra ley que delegó en el gobernador la decisión de municipalizar, pero sin plazos. El último giro de tuerca fue la puesta en funcionamiento de una "comisión coordinadora para la transferencia" donde confluyen representantes de la provincia y el municipio. La primera reunión sólo sirvió para exponer en toda su complejidad los requisitos a cumplir antes de la esperada cesión. En suma, un debut que a muchos hizo recordar la jocosa sentencia de Perón sobre la capacidad paralizante de las comisiones.
De la provincia sostienen que es imposible avanzar mientras no esté "protocolizado" el plano de mensura de las 1.920 hectáreas objeto de la transferencia. También deslizaron su propósito de endosar los juicios pendientes de la provincia por temas relacionados con el cerro y que sumarían obligaciones por unos 23 millones de pesos. Los referentes del municipio, en tanto, piden agilizar el trámite y recuerdan que hace 20 años el Catedral era jurisdicción nacional y fue traspasado a la provincia sin tanto manoseo. Proponen aplicar la misma receta y alimentan la sospecha de que la provincia aspira enredar la negociación hasta el límite de lo posible y que, en los hechos, es difícil desmentirlos.
Al menos en el discurso, el gobierno radical siempre reconoció el derecho de Bariloche a disponer plenamente del cerro. Pero los gestos que llegan desde Viedma, de tan lánguidos y desmañados, no hacen más que promover la desconfianza. Cuando en febrero de 2004 fue sancionada la ley que obligaba a municipalizar el complejo invernal en un máximo de dos años, todo indicaba que ese horizonte era más que suficiente para cumplir con el mandato. Claro que por entonces el intendente Icare y el gobernador Saiz venían de ganar juntos las elecciones de 2003 en una Alianza que con el correr del tiempo voló por los aires.
Sería una ingenuidad pensar que esa ruptura es por completo ajena a las demoras y silencios que entorpecen desde hace un año el proceso de municipalización. Quienes han pretendido hurgar en el trasfondo del entuerto dan por hecho que existe en Catedral un formidable negocio en ciernes que tiene que ver con el aprovechamiento inmobiliario. Y que la reticencia provincial remite al interés en no ceder espacio en esa mesa.
Para el municipio, en tanto, el problema es sonar creíble cuando promete definir para el cerro los criterios de planificación y desarrollo que hasta hoy fue incapaz de aplicar en el resto de la ciudad. Para disolver el recelo acumulado una vía digna de ser explorada podría ser la interlocución "mano a mano" entre Saiz e Icare, con todas las cartas sobre la mesa.
Hace unos días el obispo Fernando Maletti volvió a llamar la atención sobre "el escándalo de los dos Bariloche". De modo que el debate sobre la futura gestión del cerro (una vez en manos del municipio) podría incluir una convocatoria a la ciudadanía y la exploración de vías concretas para llevar a la práctica la tan declamada igualdad distributiva.
DANIEL MARZAL
dmarzal@rionegro.com.ar
