SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Con la intención de poner fin a la creciente ola de actos de violencia la Asociación de Propietarios de Taxis y las autoridades municipales con competencia en el tema se reunieron y estudian la posibilidad de aplicar sanciones a los titulares de habilitaciones, que podrían llegar a significar hasta la pérdida de las licencias.

Lo que no podrán transferir las autoridades ni la Asociación al propietario del taxi es la responsabilidad penal que le cabe al autor de las lesiones o los daños que podría sufrir la persona damnificada por los actos de violencia, dado que alguno de los agresores fueron identificados.

Durante la reunión, los funcionarios pasaron revista a las normas que regulan la actividad del servicio de taxis, y continúan en vigencia, y puntualizaron la responsabilidad que podría caberle a los titulares de licencias por las acciones vandálicas o patoteriles que le atribuyen a los conductores del turno noche. En ese sentido, el director de Gobierno a cargo del área de Tránsito, Carlos Catini, recordó que las acciones de las personas que contratan para conducir sus vehículos pueden de alguna manera recaer en contra de los propietarios.

Las partes acordaron la realización de mayores controles en el registro y actividad de los conductores y la portación de una credencial con foto que identifique al conductor del taxi.

El titular de la Asociación de Propietarios de Taxis, Pablo López, reconoció que no podían controlar los hechos vandálicos que cometen algunos choferes, y recordó que "hay 192 taxis y 200 conductores habilitados, además de los propietarios de las licencias".

Entre las coincidencias a que arribaron los dirigentes y los funcionarios vale subrayar que la persona que conduce un taxi debe estar habilitada e identificada por el municipio antes de transportar pasajeros. Responsabilizar a los titulares de licencias, es el único camino que encontraron las autoridades de Tránsito por el momento para poner límites a la situación, y aunque la amenaza de pérdida de licencia es una posibilidad, esa medida extrema deberá estar respaldada por un fallo judicial.