VIEDMA (AV).- A tres años de la sanción de la ley, Río Negro todavía no implementó el plan de regularización de armas de uso civil, que pretendía que el Estado reciba armamento clandestino contra módulos alimentarios y diferentes beneficios sociales.

Creado en 2004, este programa no se ejecuta porque el gobierno provincial todavía no reglamentó la N°3.885, que establecía un canje de las armas de fuego por bolsas de alimentos, medicamentos, materiales de construcción, ayuda social, empleos temporarios y créditos fiscales sobre impuestos provinciales para quienes las tengan en su poder.

La norma establece que el Ministerio de Gobierno deba reglamentarla en un plazo de 60 días. Pasaron casi tres años pero todavía no se conoce el esquema que utilizará el Ejecutivo para su aplicación. La iniciativa fue impulsada por la bancada oficialista.

En su justificación, el secretario de Gobierno, Santiago Ibarrolaza, explicó a que "Río Negro" que los retrasos se deben a que la propuesta "no nos convence y tenemos dudas". Consideró que medidas similares aplicadas en Mendoza o Chubut "no solucionaron los problemas de seguridad".

Calificó a este tipo de iniciativas "demasiado mediáticas, con resultados dispares y la gente no participó en forma efectiva", por lo que "estamos a la espera de la aplicación total del programa de desarme nacional".

Aunque se trata de una ley a cumplir, el funcionario reconoció que se produjo una "falta de decisión política" para reglamentar la norma. Sin embargo, Ibarrolaza puso de manifiesto que "nuestra obligación es actuar", aunque "la provincia no se puede poner a gastar recursos" sin una seguridad de que el canje va a conseguir resultados.

Justamente la reglamentación debe preveer un sistema de entrega que evita la necesidad de portación de las armas por parte de personas no autorizadas para ello y que garantice su anonimato.

Cuando se ponga en marcha, las personas que las entreguen podrán solicitar la entrega de un certificado que permitirá acceder a los mencionados beneficios.

Las armas que se entreguen serán rescatadas y depositadas en el modo que disponga la reglamentación, debiendo confeccionarse una planilla al efecto, detallándose las características y número de serie correspondientes.

Salvo aquellas que puedan tener pedido de la Justicia, a los 30 días de su rescate, deben ser destruidos mediante un acto público masivo.

La norma que está pendiente faculta al Ministerio de Gobierno a instalar un sistema telefónico gratuito (0800) de recepción de información y denuncias sobre tenencia, portación y comercialización ilegítima de armas, explosivos o municiones. Esta información será tomada como base para realizar investigaciones y se aceptará como llamada anónima. También autoriza su destrucción cuando no fueran requeridas por la Justicia.

El Plan Nacional de Entrega Voluntaria se inició en el país con diferentes resultados. Se recibieron en promedio unas 650 por día con importante niveles de adhesión en Córdoba y Necochea. La entrega tiene como retribución un pago que va entre 100 y 450 pesos, de acuerdo al calibre.