RIO GALLEGOS.- La tensión que se registró por el conflicto pesquero en la provincia de Santa Cruz, que incluyó el incendio de seis empresas pesqueras en Puerto Deseado, comenzó a ceder ayer, mientras avanzaban las negociaciones entre la patronal y los trabajadores, que demandan mejoras en las condiciones laborales.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró ayer que "evitó más conflictos" su decisión de enviar unos 300 efectivos de fuerzas de seguridad a Deseado, donde la disputa derivó en la quema de seis compañías y la destrucción de una municipalidad.

Como varias de las firmas dañadas son de origen español, el episodio derivó en el pedido de esa embajada en la Argentina para que las autoridades provincial y nacional adopten las medidas que pongan fin a la violencia.

Según difundió la agencia EFE, "la embajada de España ha mantenido comunicación permanente con los empresarios afectados para conocer fielmente la situación", y pidió a las autoridades local y nacional que "adopten las medidas necesarias para poner fin a la violencia y garantizar la seguridad de las personas y de los bienes".

Voceros del sector pesquero confirmaron que las empresas atacadas son las españolas Arbumasa, Argenova (del grupo Pescanova), Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira; las argentinas Santa Elena y Carsa y Pezpasa, de capitales japoneses y suizos.

Empresarios y trabajadores del sector pesquero intentaban anoche acercar posiciones por los reclamos salariales.