La ministra de Defensa, Nilda Garré, puede presentarse espontáneamente ante el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia para "aclarar los hechos" por los que está imputada por "contrabando agravado", pero por el momento no será llamada a prestar declaración indagatoria.

El juez Tiscornia imputó a Garré y a otros funcionarios por la presunta exportación subfacturada de pertrechos bélicos, pero el avance de la causa depende esencialmente de informes que debería aportar la Aduana de Estados Unidos, destino final del envío.

Así lo precisaron fuentes judiciales consultadas por DyN, que graficaron que "si Estados Unidos no aporta información será muy difícil avanzar en la investigación".

Si bien la indagatoria para Garré no parece próxima en el tiempo, la ministra podría presentarse de acuerdo a lo que establece el artículo 73 del Código Procesal, bajo el título "derechos del imputado".

"La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aún cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que a su juicio puedan ser útiles", sostiene el artículo.

Ese mecanismo fue utilizado por ejemplo en la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia para formular una invitación virtual al ex presidente Carlos Menem, para que aportara pruebas a la causa sin que fuera indagado.

El Código Procesal prevé, en el artículo 279, también la "presentación espontánea", a la que podría acogerse la ministra.

"La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuera recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto", sostiene ese artículo. Pero sobre el final, también aclara que "la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda".

La ministra dijo a la prensa que "no tengo nada que ver, no puede haber ninguna responsabilidad mía. Acá no se puede suponer una actitud dolosa mía vinculada a contrabando de FAL (fusiles automáticos livianos) y de FAP (fusiles automáticos pesados), eso es casi risible".

La causa en la que la ministra está imputada gira en torno a una investigación iniciada en febrero último, luego de que la Aduana trabó un envío de 6.700 kilos de partes de fusiles que iban a ser vendidos por sólo 2.600 dólares a la empresa JLD Enterprises Inc., propiedad de un argentino, José Luis Díaz, con sede en Connecticut, Estados Unidos.