NEUQUEN (AN)- La represión de los docentes en Arroyito fue "descomunal e injustificada" y el procedimiento no tuvo "una orden de operación escrita". En ese contexto, la "negligencia" del entonces subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, y de quien era jefe de la Policía, Carlos Zalazar, tuvieron "directa relación causal" con la muerte del profesor Carlos Fuentealba.
Así lo expresa el pedido de indagatorias elaborado por los fiscales Richard Trincheri, Mauricio Zabala y Horacio Maitini, quienes acusaron de homicidio culposo, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Pascuarelli y a 21 policías que participaron de la represión del 4 de abril, durante la cual fue asesinado Fuentealba. Los detalles del trabajo de la fiscalía fueron distribuidos ayer a la prensa por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia (ver el texto completo en la edición on line del diario).
En tanto Gustavo Palmieri, abogado de la viuda de Fuentealba, Sandra Rodríguez, dijo que los pedidos de indagatoria "son un avance, pero peligroso" porque "pone el acento en las omisiones, y nosotros creemos que hubo órdenes concretas de actuar como se actuó" (ver aparte).
La acusación de la fiscalía contra Pascuarelli y Zalazar indica que actuaron "con negligencia en el cumplimiento del mandato legal que ambos detentaban en el ejercicio de sus funciones".
Señala que el operativo de Arroyito fue dispuesto "aparentemente" para impedir un corte de ruta. "Dicho procedimiento, sin origen en una orden de operación escrita, aun después de logrado el fin que se pretendía cumplir, devino en un desmesurado, descontrolado y anárquico operativo de represión policial".
Agrega que "se llegó incluso a perseguir a manifestantes, en su mayoría mujeres, que se encontraban guarecidos en la estación de servicios (de Arroyito), cientos de metros hasta las chacras aledañas".
La represión fue "desproporcionada e irracional", con "gases y disparos" y se produjo "la alevosa agresión contra la vida de Fuentealba".
También señala que el crimen "fue visto" por integrantes de los grupos especiales de la Policía, quienes "deliberadamente omitieron decir la verdad o falsearon las versiones sobre las circunstancias en que fue agredido el docente". Así, ayudaron al cabo primero José Poblete (presunto autor del disparo mortal) a "eludir la investigación de la justicia".
La lista completa de imputados es la siguiente: Raúl Pascuarelli, Carlos Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Diego González, Adrián Espinoza, Angel González, Sergio Burgos; Néstor Bascuñán; Juan Venegas, Julio Lincoleo; Víctor Pérez, Luis Rodríguez, Oscar Lezana, Cristian Vásquez Salinas, Félix Torres, Pablo Oddone, Rubén Hernández, Aquiles González y Benito Matus.
