En medio de las acusaciones que pesan contra dos funcionarias del gobierno, Romina Picolotti y la ministra Felisa Miceli, el Gobierno salió a respaldar ayer la gestión de la secretaria de Medio Ambiente, denunciada por cometer un sinnúmero de irregularidades en la cartera que dirige. Van desde malversación de fondos públicos, contratos exorbitantes a nepotismo.

Una renuncia o el apartamiento de la funcionaria podía ser vista como un golpe duro para el gobierno, lanzado en campaña por "Cristina presidente". Y hubiera significado, también, el fracaso de su estrategia de calmar a los asambleístas con un cargo eso hicieron con Picolotti en el marco de la utilización electoralista que hizo la Rosada con el tema de las pasteras en Uruguay.

Pero ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa acompañado por Picolotti, a la que confirmó en su cargo. Atacó al periodista de Clarín que investigó los excesivos gastos y el nepotismo en la secretaría, y calificó las informaciones de falsas y de operación política.

Sin embargo, terminó admitiendo -y justificando- la contratación de 306 empleados en el organismo luego de la asunción de Picolotti. También defendió el nombramiento, con un sueldo de 8.000 pesos del hermano de la funcionaria como jefe de Gabinete de la secretaría, otra de las denuncias efectuadas..

Fernández aseguró que la Secretaría de Ambiente debió contratar a trescientas personas "para cumplir con las nuevas demandas vinculadas al conflicto por las pasteras y a tareas de investigación y control". Se mostró particularmente irascible con el hombre de Clarín que investigó (Claudio Savoia), a quien calificó de "pseudoperiodista".

Picolotti retomó en la mañana de ayer en la Rosada las explicaciones que había empezado a brindarle a Fernández el martes por la tarde.

Sin la compañía de asistentes, completó en el despacho del jefe de Gabinete el informe que había comenzado ayer.

Picolotti quedó en el centro de la escena luego de que se difundieran contrataciones de familiares con salarios elevados, gastos presuntamente injustificados y desviaciones presupuestarias a través de una fundación pública, entre otras irregularidades registradas en el funcionamiento de la secretaría. (DyN)