NEUQUEN (ACE).- El juez federal Guillermo Labate dará a conocer esta semana la definición procesal de los siete militares detenidos en el marco de la causa de los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Según fuentes judiciales, Labate y el equipo del juzgado trabajaban desde el jueves pasado en los argumentos de la resolución judicial que se conocería hoy o mañana, luego de las notificaciones enviadas a las partes.
Desde altas fuentes judiciales trascendió que el dictamen del juez sería de mayor rigor al del procesamiento dictado el 17 de abril en contra de los militares retirados Enrique Olea, Oscar Reinhold y Luis Farías Barrera.
Los militares detenidos que están a la espera de su resolución judicial son: el jefe de inteligencia de la brigada en 1976, Mario Gómez Arena -alojado en la U11- señalado como uno de los máximos responsables del funcionamiento del centro clandestino "La Escuelita", en Neuquén.
También el médico militar Hilarión de la Pas Sosa, quien tiene prisión domiciliaria y está acusado de supervisar la tortura en "La Escuelita".
Los otros detenidos son los integrantes en 1976 de la brigada de inteligencia que se presume que operaban en torno a las detenciones de las víctimas y el funcionamiento del centro clandestino de detenciones: Enrique Charles Casagrande, Julio Francisco Oviedo, Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra. En tanto, el militar dado de baja por rebeldía, Jorge Héctor Di Pasquale, continúa prófugo con pedido de detención por parte del juzgado.
La resolución del juez Labate llegará pocos días después de que la Cámara Federal de Roca determinó como válido el procesamiento contra Olea, Reinhold y Farías Barrera que había sido apelado por sus defensores.
Los jueces Carlos Muller, Ricardo Barreiro y Arturo Pérez Petit confirmaron el jueves 5 de julio el procesamiento por 15 casos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y un allanamiento y robo.
En el caso de Reinhold y Farías Barrera, como autores, y en cuanto Olea, lo responsabilizó como partícipe necesario en esos delitos.
Los tres militares tienen detención domiciliaria: Olea en un barrio cerrado de Pilar -Buenos Aires-, Reinhold en Capital Federal y Farías Barrera en su departamento de Alta Barda (Neuquén).
Debido a su actuación durante la represión, Reinhold, Olea, Farías Barrera, Casagrande, Oviedo, San Martín, Molina Ezcurra y Di Pascuale también fueron imputados por la fiscalía de Roca en la causa que instruye la jueza federal María del Carmen García; por lo que no se descartaba que fueran llamados a indagatorias por otros hechos de privaciones ilegales de la libertad y torturas ocurridos con víctimas de Cinco Saltos, Cipolletti y Roca en 1976 - 1977.
