VIEDMA (AV)- La Justicia pedirá a la Legislatura el desafuero del fiscal de Estado Alberto Carosio. Así lo resolvió el juez penal subrogante Alejandro Moldes en la investigación por el pago de más -que superó los dos millones de pesos- autorizado por la Fiscalía a un abogado viedmense que patrocinó juicios contra el Estado rionegrino.

El juez pedirá el desafuero para poder citar a declarar en calidad de indagado al funcionario provincial, teniendo en cuenta que ya fue convocado pero que no concurrió fundamentando razones de jerarquía institucional con protección de fueros.

En la convocatoria anterior el funcionario presentó un escrito en el que señaló que no comparecía a prestar declaración indagatoria, ya que no constaba que se estuviera tramitando ningún pedido de desafuero en su contra.

El juez Moldes pedirá ahora a los legisladores provinciales el desafuero del funcionario en el marco de la jurisprudencia fijada por el Superior Tribunal de Justicia, quien ha sostenido que debe ser solicitado cuando es necesario que se restrinja la libertad del funcionario respectivo, señalando además que la posibilidad que el juicio se tramite queda en manos del funcionario que posee fueros, puesto que "si no concurre a la indagatoria a la que fue legalmente citado no podría ser conducido por la fuerza pública".

El STJ se expresó en este sentido en el caso del ex diputado Jorge Franco, cuando le inició una querella al ex senador Remo Costanzo por injurias, fijando una posición en este aspecto con fuerza de doctrina legal.

En esta resolución sostuvo que "el desafuero sólo es procedente cuando se requiere la efectiva privación de libertad física para la sustanciación de la causa o para la ejecución de la sentencia y que todo el trámite anterior, mientras no se requiera la privación de la libertad corporal no admite su desafuero, ya que hasta esa instancia el juez puede continuar la causa sin interferir en la labor del funcionario ni en sus fueros".

Por este pago superior a los dos millones de pesos que la Fiscalía de Estado abonó de más a un abogado viedmense fue procesada recientemente la funcionaria de ese organismo, Sandra Bombardieri. Se le imputó "fraude a la administración pública por administración fraudulenta" y se le trabó un embargo de 50.000 pesos.

Moldes le atribuyó responsabilidad a la entonces jefa del área Judicial de la Fiscalía por no haber controlado un millonario pago por demandas de policías contra el Estado provincial que tramitó el abogado viedmense Juan José Zalesky. Sostuvo que "Bombardieri exprofeso, con intención y a sabiendas soslayó los controles que tenía obligación de hacer y de mandar a hacer y colaboró activamente en que se aprobaran las liquidaciones, excedidas en demasía, perjudicando patrimonialmente a la provincia".

Bajo estas mismas sospechas fue citado a declarar el Fiscal de Estado pero no se presentó. De allí que el juez busca ahora lograr el desafuero para obligar a Carosio, como a cualquier otro rionegrino, a que comparezca ante la Justicia.