La ira desatada el miércoles contra la Casa de Gobierno, durante una movilización de trabajadores de la construcción en Viedma, asombró por su violencia. Pero más porque fue la reacción desmesurada de un aliado del gobierno.

La rebelión fue protagonizada por agremiados a la UOCRA convocados por el secretario general Damián Miller y pronto se sumaron desocupados de la asociación "Futuro Mejor" que lidera Aníbal Cipriano.

Uno y otro eran críticos al gobierno hasta que fueron cautivados, poco antes de las elecciones del 20 de mayo, por la miel de las promesas y favores del Estado que caracterizaron la campaña proselitista del reelecto gobernador Miguel Saiz.

El 7 de mayo, en Casa de Gobierno y, flanqueado por varios de los reclamantes del miércoles, Saiz estrechó su mano con la de Miller. A cambio de un cupo de viviendas para trabajadores de UOCRA en los planes que se construyan en el futuro, el dirigente de los albañiles abandonó las filas del Frente para la Victoria.

El 11 de abril, algo similar había sucedido con Cipriano. Pese a haber sido denunciado penalmente por la Secretaría de Trabajo por el presunto cobro ilegal de 15 ó 20 pesos a cada desocupado beneficiado con 150 pesos mensuales, fue "bendecido" por un acuerdo con el entonces candidato.

La complejidad de las conductas sociales no admite interpretaciones simplistas. Y la deplorable violencia del miércoles no escapa a la regla.

En su explicación intervienen numerosos factores.

Hay quienes señalan que hasta las empresas constructoras contribuyeron a encender los ánimos, alentando una protesta en procura de destrabar pagos atrasados de certificaciones por varios centenares de miles de pesos.

Para algunos, hubo pasividad policial ante un clima que se iba anticipando. Para otros, exceso en la represión.

El caso es que dentro del gremio hay sectores antagónicos y que la actitud aliancista de Miller generó bronca entre quienes lo acusan de "transar" con el radicalismo.

También es cierto que el desempleo y su secuela de miseria acechan a numerosas familias, porque las obras se terminan y las prometidas no están ni siquiera licitadas. Algunas no tienen financiamiento, por lo cual su concreción es dudosa.

Esto, lejos de ser una tenebrosa maquinación opositora, se desprende de las palabras que el propio ministro de Hacienda, Pablo Federico Verani, pronunció con tono de advertencia cuando el gobierno analizaba los porcentajes de incremento salarial para sus trabajadores de distintas áreas.

Desde julio del 2006 el ministro está alertando sobre el amesetamiento de los ingresos, frente al incesante aumento de gastos.

Esto se traduce en un déficit mensual inevitable. Pero, sobre todo, implica que cada vez más recursos deben ser destinados a gastos corrientes sobre todo a salarios en detrimento de las obras e inversiones planificadas.

Apenas días antes de las elecciones, el 18 de abril, el ministro Verani aun a riesgo de que lo miraran como quien desea aguar la fiesta advirtió al gabinete que el desfinanciamiento golpeaba a la puerta, empujado por la masa salarial y por otros gastos corrientes. Saiz no acusó recibo y dijo a sus ministros ese día que "siempre se puede ahorrar más en el gasto público".

Lejos de ello, hubo dinero para todo: el gobierno duplicó la distribución de subsidios a entidades, clubes y asociaciones informales hasta una peña de hinchas de Boca recibió el favor estatal traducido en 20.000 pesos. En cien días, Saiz firmó 400 decretos, de los cuales la mitad fue de entrega de aportes no reintegrables.

Hoy, las obras con las que intenta calmar el malestar en la UOCRA son reparaciones menores en edificios públicos como en Lotería, Transportes y la Casona que fue de la SIDE por un monto de 3 millones de pesos, muy inferior a los generosos desembolsos preelectorales.

Mientras tanto, se busca que la Nación apure los trámites para licitar 300 ó 400 viviendas para Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

La UOCRA aceptó la propuesta. Los ánimos se calmaron. Pero el cinturón del Estado seguirá ajustándose.

Otro frente se abrió ya con el Poder Judicial, luego de que se confirmara que el incremento salarial del 16,5% acordado para este año tambalea. En principio, la Justicia recibió menos dinero del que pedía en el Presupuesto y todo se agravó con la reciente aprobación legislativa de la ley del Ministerio Público, que incrementa la estructura jerárquica de ese sector.

Sin ocultar su desagrado, un juez del STJ dijo esta semana que quienes la aprobaron "habrán pensado en cómo financiar" la reforma. Otro deploró que se intentara "vestir" la ley como un avance hacia el sistema acusatorio, algo que sólo puede hacerse reformando el Código de Procedimientos Penales.

Ese Poder acumula dos millones de pesos de déficit cada mes y el resto del Estado aporta bastante más que eso a la preocupación del ministro Verani. Sobre todo, en momentos en que la recaudación de impuestos ha dejado de crecer y que a nivel nacional sólo mejoró la de rubros no coparticipables.

La política es ganar tiempo

Mientras varios municipios se aprontan para elegir autoridades, en el radicalismo provincial la preocupación principal es cómo definir el alineamiento con vistas a la elección de senadores y diputados nacionales.

El compromiso de Saiz de retribuir a Kirchner su prescindencia ubicándose debajo de su fórmula presidencial sigue siendo difícil de digerir para muchos radicales y, en caso de concretarse, sería indudable causal de intervención del partido.

Por ahora, Pablo Verani logró ganar tiempo planteando un "impasse" hasta que la convención del 12 de agosto defina el alineamiento. Pero el dilema no es sencillo.

Para comenzar, la decisión del PPR de confirmar su adhesión a la candidatura presidencial de Lavagna y de la UCR nacional deja en falsa escuadra a Saiz, porque abre la posibilidad de que los rionegrinos puedan optar en el cuarto oscuro.

Fernando Chironi reafirmó también su respaldo a la estrategia radical nacional. Es probable que en los hechos, su sector y no el de Saiz esté habilitado para mostrar la sigla y el escudo partidario.

Estos dos elementos, unidos a la eventual existencia de dos listas K una del Frente para la Victoria y otra de la Concertación, sumarían incertidumbre al resultado electoral en Río Negro, del que depende la elección de tres senadores y tres diputados nacionales.

Por ahora, está claro que la concertación K no le ha traído a Saiz más que beneficios: no abrió la fórmula a extrapartidarios, no llevó a la Legislatura a ningún kirchnerista, pero en cambio logró que el presidente restara su apoyo a Miguel Pichetto en la provincia.

Ahora, debe otra vez mover las piezas.

Y tanto Kirchner como la UCR lo miran con impaciencia.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar