FERNANDO BRAVO

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"Tenemos herramientas para resolver problemas complejos de la ciudad... lo que no tenemos es un norte, un destino". La frase pertenece a un funcionario que se encarga del planeamiento municipal de San Martín de los Andes. ¿Y qué reproche se le puede hacer a quien al menos dice la verdad...?

Esta es una ciudad orgullosa de su normativa urbanística y ambiental, que es frecuente modelo para otras. Pero una cosa es la norma y otra su cumplimiento. El paroxismo de esa distinción es la que regula la tenencia de los animales de compañía. De lo mejor del país en esa materia, pero se cumple poco y mal.

Las ordenanzas 2.210 y 3.012 fijan las directrices urbanísticas y los usos del suelo en el casco céntrico y en la Vega Plana y Areas contiguas. Fueron, hace una década, una muestra notable del empeño por trazar líneas que resguardaran, sobre todo, una escala deseable de ciudad.

Pero aquella aldea de montaña ya no es como se la imaginaba. Propios y extraños coinciden en que si no se asumen medidas correctivas, el colapso de servicios estará próximo, por no hablar de un desborde de la propia pintura social, donde conviven la rampante 4x4 con familias que se suben a la cama para no mojarse los pies cuando llueve.

¿Falló la norma, falló el control...? El primer dato es que una ciudad no es un código escrito en papel, inamovible. Una ciudad es un organismo vivo y mutable.

El crecimiento operado aquí, como en otros sitios cordilleranos, ha sido tan vertiginoso en los últimos años, ligado a percepciones realistas o ilusorias para el caso, poco importa la diferencia sobre el valor de la tierra, calidad de vida y ambiental, seguridad, evolución del empleo y otros indicadores que atraen población, que se ha perdido de vista un mérito: de no haber existido ordenanzas como la 2.210 y la 3.012, no se hablaría hoy de acciones para evitar colapsos, sino de desesperadas medidas para salir del desquicio.

Sin embargo, cada tanto es prudente revisar la normativa base de una ciudad, por aquello del "organismo vivo". Por estos días se discuten cambios en la ordenanza que regula La Vega. Pero algunos temen lo peor.

Creen que si se modifican los indicadores, esa "esponja" natural que permite regular los escurrimientos desde faldeos hacia el valle del Lácar, terminará condenada por la impermeabilización de más y más construcciones, y calamidades por el estilo.

Otros, en cambio, creen que detrás de la reforma hay unos vivos que quieren hacer pingües negocios con los loteos. Y también están los que presionan por tierras para viviendas sociales, cuya sólo mención horroriza a unos cuantos.

Pero no es intención de esta nota abordar esa polémica, sino llamar la atención sobre ciertos modos. La 2.210 y la 3.012 fueron largamente debatidas, pero se construyeron desde un sentido corporativo de la política.

Puesta a salvo la labor de los urbanistas y las buenas intenciones de todos los demás, fueron discutidas y consensuadas luego con la cámara de tal cosa, la asociación de tal otra, el colegio de unos, la fundación de esto y aquello...

Es decir, se buscó conciliar intereses corporativos, a veces contrapuestos. Y está muy bien que así haya sido en aquel momento, pero este es tiempo de dar otro salto.

Como dijo el funcionario: hay instrumentos pero no hay un norte. Conciliar un destino de ciudad exige un gran acuerdo ciudadano, al estilo de las llamadas "agendas de desarrollo" o "pactos de ciudad", que atienda los intereses de unos y otros, pero los galvanice en el interés superior de todos.

Definir ese interés común es crítico, arduo, tramposo. Pero vale la pena.