NEUQUEN (AN).- Las vocales gremiales del Consejo Provincial de Educación salieron ayer a cuestionar al gobierno por la presunta estafa investigada por la Justicia en el Distrito Educativo IV, en la que un funcionario habría facturado obras que no se realizaron a través de una empresa que no sabía que utilizaban su nombre.

La maniobra habría incluido la emisión de unas 30 facturas por obras que se sospecha incluso se cobraron más de una vez.

En un comunicado, las vocales Eli Roos y Selva Villagrán sostienen que "estos delitos fraudulentos componen el monto ficticio que pretenden mostrar como una de las inversiones en educación más alta del país".

Afirman, además, que a esas sumas "debe agregarse el desvío de fondos que se realiza mediante alquileres desorbitados y afectaciones de cargos para realizar tareas poco claras".

Las vocales, en su crítico comunicado, sostienen que esos presuntos desvíos son parte de una "política de invisibilizar los reales problemas que vive cotidianamente la comunidad en el ámbito educativo" y los inscriben en "una escala jerárquica que prioriza el cumplimiento de las promesas hechas al clientelismo oficial en lugar de invertir en soluciones".

Más adelante, piden el funcionamiento pleno de los cuerpos colegiados del CPE.

"En este sentido -agregan las vocales- exigimos que sea ese ámbito el órgano que elabore, administre y controle el presupuesto educativo y el diseño, ejecución y control de las partidas educativas".