SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio deberá revisar los convenios de regularización dominial de los barrios Pilar I y II, rechazados por un numeroso grupo de vecinos que teme perder los derechos adquiridos en las últimas dos décadas.

La delicada situación generada por la venta de esas tierras, con los dos barrios adentro, al inversor inmobiliario Alejandro Milhas llegó a manos de la defensor del Pueblo que tomará activa intervención en el tema.

Ana Piccinini se reunirá esta semana con vecinos del Pilar I y II que no prestaron acuerdo a los convenios suscriptos entre el municipio, el nuevo cesionario y algunos dirigentes barriales.

El largo y engorroso trámite de anexión del lote 127 al ejido municipal, iniciado en la gestión de María del Rosario de Costa, fue promovido con el objeto de integrar a las comunidades de esas tierras y regularizar su situación dominial.

Desde el inicio el municipio se comprometió a solventar y facilitar el proceso de regularización dominial de los vecinos que adquirieron sus tierras de buena fe pero no pudieron escriturar por estar dentro del Parque Nacional. (Las 600 hectáreas ubicadas al pie de cerro Ventana pasaron del Parque Nacional Nahuel Huapi a la jurisdicción mediante la ley nacional 24910, sancionada en diciembre de 1997).

A paso lento se presentó primero la mensura del Pilar I, realizada por Catastro de Río Negro a partir de un acuerdo excepcional con el municipio. Este expediente fue el único formalizado ante la dependencia provincial y se encuentra en Viedma.

En 2000 el Concejo Municipal dio el visto bueno a los planos de mensura y fraccionamiento del Pilar II, realizados por el agrimensor Antonio Locria.

La norma destaca que "a partir de las sanción de la ley 24910 es absoluta competencia y responsabilidad de la Municipalidad regularizar la situación dominial" . Pero el trámite no fue formalizado aún ante el Catastro provincial.

Llamativamente la actual gestión eximió al nuevo cesionario del lote pastoril 127 y 121, Milhas, de presentar libre deuda a la mensura particular de ambos barrios. La resolución de abril pasado justifica la medida en "la inexistencia de planos de mensura" y en el compromiso de Milhas de "respetar las posesiones existentes y los boletos" y extender las escrituras traslativas de dominio "a quienes cuenten con boleto de compraventa de fecha fehaciente".

En los convenios firmados luego entre el municipio, el cesionario y algunos dirigentes barriales se traslada el costo de la escritura a los vecinos en una clausula de "cumplimiento obligatorio" que les exige la realización de mejoras en sus terrenos y las fachadas de sus viviendas. La clausula no aclara los parámetros de cumplimiento ni el contralor del requisito que recae sobre familias de bajos recursos.

Para peor en esos documentos los pobladores de Pilar I y II figuran como "ocupantes" cuando en realidad son "legítimos poseedores" con boletos de compraventa en la mayoría de los casos y más de una década de asentamiento en el lugar.

Un error que le tocará revisar al Deliberante antes de dar su aprobación a las "actas acuerdo de regularización dominial" para evitarles inconvenientes legales a los vecinos.