No hay en política peores errores que ser inoportuno y contradictorio.

El ministro Iván Lazzeri desplazó a un respetado alto jefe policial porque pidió mayor participación en el debate del proyecto de seguridad. Casualmente, él mismo, que promete apertura comunitaria y abre el canal para democratizar a la Policía.

Los legisladores asignaron más poder y estructura a la procuradora general, aunque el argumento volcado fue cederles más fuerza a fiscales y defensores con la expectativa de que otra reforma procesal concluya en mejores resultados judiciales.

La Justicia recuperó un régimen jubilatorio diferencial, tendrá otro incremento salarial y reabre el análisis de varias reformas, desde la conformación del STJ hasta los criterios de la renovación del Poder. Todo, por ahora, demasiado superestructural. Nada que signifique en lo inmediato una respuesta más eficaz de ese Poder hacia la sociedad. Habrá que seguir esperando.

La sanción de las leyes de Seguridad Pública y la Orgánica del Ministerio Público reúnen un común denominador. Ambas significan más estructuras a favor de la Secretaría de Seguridad y de la Procuración General. Cuestiones de poder que dejaron saldos pendientes hacia la sociedad.

La norma de seguridad concentra facultades en el área que hoy conduce Miguel Bermejo, recortándosela a la Policía y diseñando alternativas de participación ciudadana.

Frágiles lazos existen entre los uniformados y Gobierno. Lazzeri se despreocupa y deja todo en Bermejo. El resultado es una relación complicada. El ministro irrumpió y el miércoles ordenó el pase a disponibilidad del comisario mayor Francisco O'Toole, el jefe de la Regional de Viedma y miembro de la plana mayor. La disponibilidad significa históricamente un paso inicial hacia el retiro. Hasta entonces, Lazzeri tenía el mejor concepto de O'Toole por su concepción democrática y su interrelación comunitaria. "Es el futuro jefe de la Policía", repitió en ocasiones.

¿Qué había pasado para que el ministro adoptara tan drástica determinación? El jefe uniformado opinó que el proyecto habría requerido mayor participación policial. Lazzeri no toleró esa insubordinación de pensamiento. O'Toole se salió de la rigidez de la institución, pero el ministro exageró frente a un pasado y presente permisivos de parte de la fuerza. El temperamento sepultó el sentido común. Ya se evaluarían opciones para recuperar al comisario desplazado y que Gobierno emerja del conflicto en el que quedó atrapado.

Además, O'Toole expuso un concreto malestar en la interrelación de la Jefatura con la cartera política. ¿Cómo explicar sino la ausencia de Gobierno en las reuniones que legisladores oficialistas tuvieron con jefes policiales para escuchar sus sugerencias?

Aquellas reacciones políticas no son nuevas. El comisario mayor Octavo Uribe fue desplazado hace dos meses de la Unidad de Bariloche por su relación con el intendente Icare. Demasiado estrecha para el ministro. Existieron también quejas sociales, pero esa salida mantuvo más las formas, pues se construyó una buena excusa: comandar el proceso electoral. Ahora quedó a la deriva.

Como la de seguridad, la sanción de la ley Orgánica del Ministerio Público proyecta expectativas, pero inicialmente sólo prevé estructuras y designaciones (hay que repasar la norma para advertirlas). Se lo hace más fuerte, dicen sus defensores. Sí, pero aún se desconocen las razones para esa fortaleza. Subsiste la promesa de avanzar en cambios procesales. Como antecedente, el pasado reciente aporta otro intento frustrante: los fiscales de comisaría.

Las recientes coincidencias del bloque oficial con Encuentro en las flamantes leyes judiciales no son casuales ni ocasionales. Ya se fijaron otras metas: la urgente reforma del Código de Procedimientos penales para concluir en el proceso acusatorio (que prevé más actuación de los fiscales) y retomar el análisis para subir la integración del STJ de tres a cinco vocales. También figura la eliminación de la residencia de dos años para ser juez o miembro del ministerio público, con un borrador para impulsar una enmienda constitucional.

El arriaguista Fabián Gatti comprometió la alineación de su bancada y lo acordó con sus pares oficialistas Bautista Mendioroz y Daniel Sartor. Además, en un cónclave reservado, el Colegio de los Magistrados con Edgardo Albrieu a la cabeza reclamó a esos diputados oficialistas y opositores que trabajen en la ampliación del STJ. Ya hay un viejo proyecto, cuya autoría pertenece a Gatti, pero mantiene un veedor crítico: el gobernador. Pero los tiempos y los socios cambian. Aquella iniciativa, con algunos retoques, parece hoy más viable.

Mucho más público, Saiz firmó con Kirchner un convenio provisional para que la Justicia ingrese al régimen especial para que sus jueces y funcionarios logren jubilarse a los 60 años, asegurándoles el 82% móvil. Una buena garantía cuando se trata de haberes activos promedio de 12 a 14.000 pesos. Aún queda computar un alza del 16,5% que el STJ quiere aplicar en el próximo semestre, consecuente con las subas de sus pares nacionales. Ese pedido presupuestario de 6 millones ya llegó al gobierno, que mantiene silencio.

Una próxima ley fijará condiciones para adherir al nuevo régimen previsional, como además, las formas de pago de las diferencias de aportes. La provincia deberá asumir la parte patronal y el equivalente personal corresponderá a los magistrados. El sentido común indica que no existirían inconvenientes, pero Mendoza tiene demorada su aplicación porque sus jueces pretenden un desembolso estatal para sus aportes. No hay indicios en Río Negro de semejante dislate. Lo cierto es que este diseño expondrá otra mesa de negociación entre los diferentes poderes.

Saiz lo hizo todo, pero no logró convencer al mandamás de Anses, Sergio Massa, de ampliar el listado de los beneficiados. Hasta último momento, el gobernador insistió en incorporar especialmente a los órganos de control, como la Fiscalía de Investigaciones y del Tribunal de Cuentas. Son los que deben controlar al gobernador y los suyos. Los favores se agradecen y se devuelven.

La rigidez de Massa también dejó afuera a funcionarios judiciales, como el administrador general y el auditor general.

El progresivo recambio en la Justicia por las bajas previsionales (que sumarán medio centenar en los próximos dos años) abre un interrogante institucional: ¿el Consejo de la Magistratura podrá superar intereses políticos y corporativos para designar en la magistratura a los mejores y más independientes? Un difícil objetivo en la renovación, pues no se van solamente los mayores, sino que también figuran algunos de los más comprometidos.

Muchos hilos sueltos proyectan los próximos meses. La mayoría, cuestiones para la nueva integración de la Legislatura donde el oficialismo no concentra una mayoría propia. En diciembre, Saiz asumirá metas legislativas con riesgo, como el nombramiento del fiscal de Estado y el contador general para su segundo mandato y, entre otras, el presupuesto para el 2008. Rápido de reflejos, Hacienda prevé para noviembre su elevación para que los actuales legisladores la aprueben con sus votos.

Fantasía o realidad, el radicalismo trabaja y especula con alianzas. Las marchas con Encuentro abonan esa teoría. Actores del Frente expresan igual amenaza después de la disparidad de los socios asumida frente a los proyectos de seguridad y de ministerios públicos. Incluso, Encuentro diseña su bloque desde el 10 de diciembre y el justicialista promete cuanto mucho separación administrativa.

La oposición cambió históricamente su estrategia, pero siempre mantuvo su poder de autodestrucción. ¿Repetirá su historia en la próxima Legislatura? Si así fuera, la primera víctima será la sociedad rionegrina.

El oficialismo trabaja en acuerdos legislativos para cambios en la Justicia.

ADRIAN PECOLLO

pecollowa@yahoo.com.ar