VIEDMA (AV).- En la práctica, la ley Orgánica del Ministerio Público sancionada ayer por la Legislatura rionegrina, se traduce en la intención de otorgarle más poder a fiscales y defensores, que contarán por ahora con más recursos para investigar y que tendrán la colaboración de la policía judicial, también creada ayer. En sucesivas etapas, se prevé que el rol de los fiscales sea más amplio.

La Legislatura sancionó la ley por mayoría, dado que hubo legisladores que entendieron que sólo se trata de más gastos y de agrandar una estructura.

Su "inconstitucionalidad" y el impacto presupuestario fueron los argumentos centrales del rechazo de las bancadas del PJ, del ARI y del MAD. La advertencia sobre constitucionalidad responde a que se otorga a la Procuración un poder autónomo por fuera del Superior Tribunal de Justicia.

En cambio, los restantes bloques -esencialmente el oficialismo y Encuentro- defendieron la constitucionalidad con el argumento que el primer artículo expresa que "el ministerio público es un órgano que integra el Poder Judicial". Además, se insistió en la aplicación gradual frente a otro cuestionamiento: el costo presupuestario de la reforma.

El proyecto -que totaliza 73 artículos- tuvo reformas y se insistió en la gradualidad de su implementación. Para el primer año se proyecta un costo de 1,6 millones, resaltó el radical Oscar Machado. Antes, el legislador resaltó que la pertenencia del "ministerio Público corresponde formalmente al Poder Judicial" pero "su total independencia funcional y administrativa contribuye a darle fortaleza a la Justicia y al Estado".

El bloque Encuentro ratificó su respaldo al proyecto. Fabián Gatti defendió la constitucionalidad y calificó la aprobación como "un paso más" hacia "un procedimiento penal acusatorio puro". Aclaró que se dieron "correcciones" por observaciones planteadas y entendió que el texto aprobado "es el mejor dentro de lo posible". Entendió que "se quiebran estructuras rígidas" y eso "genera rechazo".

Además, el radical Bautista Mendioroz afirmó que esta ley "reorganiza" y "jerarquiza a la Procuración General. Se aspira a que gradualmente dotemos a los fiscales de recursos técnicos, de un sistema profesionalizado que atienda y contenga a las víctimas del delito".

Manifestó que si la Procuración tiene "más autonomía funcional" se "podrá diseñar y gestionar un organismo vigoroso, de fuerte contacto con la comunidad, que coadyuve decididamente a concretar el principio de Justicia". Definió al texto final como "equilibrado" y "razonado" mientras consideró que la eficacia que se reclama a la Justicia no se logrará con "un poco más de personal" y "con mejores sueldos", en directa alusión a la posición del STJ.

Por su parte, el rechazo fue expresado por la arista Magdalena Odarda y el legislador Javier Iud por el justicialismo. La primera advirtió que se asigna al ministerio público "un rol de órgano extra poder" con "el pretexto de hacerlo más fuerte y robusto".

Iud explicó que el PJ acompañó el proyecto original porque "se comparte su filosofía" pero que ahora se rechaza por los costos que implica su puesta en marcha. Esta iniciativa -afirmó- nace herida de muerte".