NEUQUEN (AN).- La forma de contener la protesta social es un tema de estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo considera que la postura del gobierno nacional en este tema "es elogiable" porque no plantea la represión ni la criminalización. Sin embargo, Gerardo Fernández y Diego Morales, dos representantes de la institución que ayer estuvieron en esta ciudad, sostuvieron que el crimen del docente Carlos Fuentealba "fue un retroceso enorme" en esta materia.
El CELS presentó el informe anual sobre situación de derechos humanos en nuestro país en el marco de una actividad organizada por la facultad de Economía, con motivo del cuarto aniversario de la desaparición del estudiante Sergio Avalos.
En una entrevista con "Río Negro", Fernández dijo que el caso Avalos "es preocupante porque a cuatro años de su desaparición es poco lo que se sabe". El abogado del CELS sostuvo que "hay falta de capacidad de la Justicia para investigar" ese tipo de casos. Lo mismo ocurre, destacó, con Iván Torres en Chubut.
El informe 2006 tiene unas 500 páginas y destaca avances y retrocesos en materia de derechos humanos a nivel nacional.
El documento se presentó ayer a la tarde en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue ante autoridades universitarias.
Fernández y Morales dijeron que el año último "fue histórico" en materia de derechos humanos porque se condenó a dos represores: a Miguel Etchecolatz y Julio "Turco" Julián. No ocurría algo así
desde el juicio a las juntas militares, recordaron.
"En un contexto mundial donde generalmente el juzgamiento a las dictaduras está vinculado a justicias supranacionales, que tribunales argentinos juzguen a represores argentinos es un ejemplo loable", destacó Fernández.
En materia de déficit de Poderes Judiciales los voceros del CELS dijeron que en las provincias hay "problemas" con los sistemas de designación de jueces y de destitución. Mencionaron que en Misiones, con el Superior Tribunal Superior de Justicia, hubo desplazamientos de jueces similar al del fiscal Ricardo Mendaña.
"Sigue habiendo intromisión de los Poderes Ejecutivos provinciales sobre la Justicia y un claro ejemplo es Chubut donde el gobernador carga una y otra vez contra la Justicia", dijo Fernández.
Los representantes del CELS dijeron que todas las provincias patagónicas tienen gobiernos con fuerte incidencia sobre los Poderes Judiciales y también mencionaron los casos de Misiones, San Luis y Buenos Aires.
Sobre el crimen de Fuentealba sostuvieron que el desafío de la Justicia es encontrar a "los autores materiales" pero también determinar "eventuales responsabilidades de funcionarios políticos". Los funcionarios, dijeron, deben hacerse cargo de las consecuencias de sus órdenes.
