SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Alberto Icare ratificó la convocatoria a elecciones municipales para el 1 de julio y rechazó el pedido que le presentó una veintena de referentes políticos de distintos partidos para que postergue la fecha.

Argumentó que el llamado electoral para el segundo domingo del invierno respondió "a lo ordenado por el Superior Tribunal de Justicia" cuando invalidó la fecha del 27 de mayo, que había sido impugnada por múltiples irregularidades.

El planteo que le llevaron el último martes un grupo de ex convencionales y afiliados de distintos partidos (UCR, Democracia Cristiana, PPR, MPP, Justicialismo) pretendía lograr un reformulación de la convocatoria que respete la antelación mínima de 90 días establecida por la ley electoral.

La resolución que llama a votar el 1 de julio fue emitida a fines de mayo. Y si bien el registro de candidatos quedó abierto, ningún partido político pudo armar nuevas listas por la falta de tiempo para cumplir los requisitos de sus propios estatutos. De modo que sólo quedaron en carrera los siete partidos y alianzas inscriptos con anterioridad.

Según Icare, el mandato del STJ fue para "sanear el proceso electoral" ya iniciado y "realizar una nueva convocatoria dentro del plazo de 30 días, readecuando el cronograma electoral a dicho plazo".

Dijo en su nota de respuesta que, antes de publicarlo, el llamado para el 1 de julio "fue sometido al análisis del STJ" y que ese tribunal "se expidió en el sentido de que dicha resolución cumple acabadamente con la sentencia emanada de esa instancia judicial".

El intendente se abstuvo, sin embargo, de aportar un documento firmado por los jueces donde conste ese aval.

En tanto, la concejal Sandra Guerrero (MARA), el ex convencional por el MPP Luis Caram y la dirigente de ese partido Patricia Vedoya difundieron un duro documento en el que acusan a Icare de instrumentar "una proscripción de facto, no muy diferente de aquellas a las que fuimos sometidos en largos períodos de nuestra historia".

Dijeron que la tercera convocatoria a elecciones (la del 1 de julio) "aparece tan viciada políticamente como las dos primeras, que fueron declaradas nulas por la Junta Electoral provincial y por el STJ".

Señalaron que el plazo mínimo de 90 días que fija la ley electoral "existe para que las propuestas electorales y las listas no surjan de un manoteo electoralista de candidatos sino de un diálogo político serio y responsable hacia el interior de los partidos, entre partidos y entre ciudadanos". Según Caram, Vedoya y Guerrero, "los cada vez menos votantes que se acercarán a las urnas el 1 de julio tendrán muy poca oportunidad de elegir con responsabilidad a sus representantes".