BUENOS AIRES (ACE).- Los fiscales federales que tienen a su cargo en el país las causas en las que se investiga los delitos cometidos durante la última dictadura recibieron una dura advertencia de la procuración nacional: "el que no actúe, que se aparte".

La directiva fue del procurador general de la Nación, Esteban Righi, en una reunión mantenida en Buenos Aires los primeros días de junio.

Según explicó el fiscal general de Bahía Blanca -presente en la reunión- la convocatoria de fiscales forma parte de la instrumentación de la "unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado". La unidad está a cargo del fiscal general Jorge Auat y coordinada por el fiscal Pablo Parenti.

"En esa reunión Righi dijo que este es un hecho histórico (en referencia a los procesos penales abiertos desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final) y por ello hay que poner toda la energía para que los procesos lleguen al juicio; no va a obligar a un fiscal que no tenga compromiso a que accione, pero si no está interesado, se le va a pedir que se aparte y deje el espacio para que otro fiscal actúe", sintetizó el fiscal de Bahía Blanca.

La unidad creada por la Procuración busca unificar criterios para acelerar los juicios, lograr una base de datos común para los fiscales intervinientes y posibilitar las estrategias de investigación y persecución penal para "la sustanciación de los juicios en los plazos más breves posibles".

La puesta en marcha de la unidad de fiscales tuvo su paralelo

en el Ejecutivo con la creación del programa de Verdad y Justicia dependiente de la jefatura de gabinete, con el fin de instrumentar medidas tendientes a acelerar los procesos.

Para Cañón, las iniciativas tanto de la Procuración como del Ejecutivo "son instrumentos administrativos que dependen del impulso que le den las personas. En mi opinión es insuficiente, pero si en el ministerio público fiscal adquiere una dinámica importante, pueden acelerarse los juicios".

Destacó que "es insuficiente porque si hace 20 años se hubiera dejado actuar a la justicia sin intervenir con los indultos y leyes de impunidad, los juicios estarían terminados, con las condenas respectivas".