Uno. Recién casados, jóvenes, sin hijos, empleo calificado y estable, ingresos medios y el sueño de la casa propia. Muchas consultas en el banco y un final casi anticipado: tasas de interés altísimas, imposibles de afrontar.

Dos. Una familia constituida hace rato. Trabajos informales, sueldos con un piso estable y un techo que nunca calculan, un alquiler que cambia con cada temporada y acostumbrados a ser parte de los miles que sueñan con una casa del Estado. La respuesta siempre es la misma: no cumplen con los ingresos exigidos. Porque cobran en negro o porque no cobran lo suficiente. El asunto es que nunca llegan.

Tres: Los que piden poco y no consiguen nada. Dueños de su terreno en un asentamiento de casas precarias y pocos servicios. Reclaman por eso que algunos llaman "solución habitacional": algo así como poder mejorar las casillas de algunas chapas y muchas cantoneras en las que están desde hace años. Algo que alivie un poco las condiciones en las que viven. Pero no. Tampoco.

Los ejemplos sobran pero con tres alcanza para graficar una situación que afecta a miles de familias en todo el país y que en la región no es una excepción: se calcula que en Río Negro y Neuquén capital más de 240.000 personas tienen problemas de vivienda, unas 60.000 familias. Son amplios sectores de la clase media y baja que ven cada vez más lejos ese sueño (que hace unas décadas era perfectamente posible) de vivir en un techo propio o de hacerlo en condiciones dignas.

¿Cuál es la situación de cada provincia según datos oficiales? En Río Negro, más del 20% de las viviendas tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material, no disponen de provisión de agua por cañería o no cuentan de inodoro con descarga de agua. En ese porcentaje también entran los hogares que sufren el hacinamiento, donde viven más personas de las que debieran o aquellas casas que comparten el espacio con uno o más hogares. Además, del total de hogares, más allá de las condiciones en que viven, el 12,1% alquila, el 5% ocupa la vivienda por relación de dependencia y otro 9,4% por préstamo. Es decir que el 26,5% de las viviendas no pertenecen a quien la habita: una de cada cuatro.

En Neuquén, la situación no es mucho mejor. En la provincia, el problema habitacional alcanza a 30.000 familias y a la par del crecimiento vegetativo está el permanente arribo de grupos familiares de otras provincias. Se calcula que sólo en la capital unas 7.500 familias viven en situación muy grave, hacinadas, sobre todo en las tomas o asentamientos precarios. Y son 13.000 las familias que alquilan, desde piezas con baño compartido hasta semipisos en pleno centro, imposibles de pagar para la legión de necesitados. Así las cosas, las tomas han delineado el enmarañado perfil urbano de la capital provincial.

¿Las causas? Terrenos y alquileres cada vez más costosos, créditos bancarios que sólo resultan atractivos para los bancos y un Estado que no logra encontrarle la solución definitiva al problema. Un dato: en los últimos días más de 20 familias resultaron beneficiarias de viviendas construidas por Nación sólo en Roca, pero constituyen apenas un diez por ciento de las que se habían anotado originalmente en los listados de pre-adjudicatarios. Las largas colas al momento de la inscripción fueron la prueba más contundente de lo preocupante de la situación.

Margarita (36) y su hija de cinco años constituyen una de las familias que no lograron obtener la llave de una de esas casas. "En realidad no es la primera vez que nos pasa. Ya me anoté otras veces en esos planes y nunca me toca. Con el requisito del sueldo cumplo, porque gano más del mínimo que exigen, pero parece que priorizan otros casos, con familias más numerosas, en mi caso sólo somos mi hija y yo. De todos modos, uno después ve los listados de adjudicatarios y no lo puede creer, los acomodados, los que ya tienen casa en otro barrio y lo mismo les toca, los que uno sabe que no la necesitan tanto, que ganan dos o tres veces más de lo que gana una, es una barbaridad", dice.

Los más castigados

En la ciudad de Neuquén, la gestión de Horacio Quiroga se vio obligada a crear un organismo municipal, la subsecretaría de Vivienda y Tierras Fiscales que conduce Carlos Di Camillo. El funcionario ha trabajado en loteos, constituyó un banco de tierras y mira hacia la meseta: "Ese es el futuro, ese es el lugar en el cual le podemos dar una solución a 10.000 familias", le dijo a este diario. Di Camillo cree que a la par de las soluciones concretas, la alternativa para semejante cantidad de familias permitiría descomprimir el mercado inmobiliario. Igual, el plan de la meseta llevaría como mínimo un lustro de trabajo y demandaría varios millones de pesos.

El mismo día que se entregaban las viviendas en Roca se anunció la construcción de otras 7.000 para los próximos años en Río Negro. Pero esto, advierten, difícilmente alcance para solucionar el complejo problema de los sectores más postergados. Así lo entiende Adriana Hipperdinger de la ong "Un techo para mi hermano": "Eso en realidad es un grano de arena destinado a personas que, por otro lado, tienen, por sus ingresos, cómo acceder a una vivienda, por capacidad de ahorro o por el Plan Hipotecario. La prueba está en que las casas se inauguran y enseguida muchas de ellas se modifican. No decimos que eso no tiene que existir, al contrario, pero eso suena como pantalla de humo para toda una capa de la sociedad que no puede acceder de ninguna manera. Entonces, está fantástico inaugurar viviendas, prometer más, pero no se hace nada con el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que es algo que pagamos todos. Esos fondos deberían tener dentro de sus prioridades al sector que no puede acceder de ningún modo. Si nuestros hijos no van a clases por falta de gas, se arma un escándalo bárbaro, pero nadie dice nada de que a pocas cuadras del centro hay gente viviendo en cantoneras. Lamentablemente, hoy en nuestro país la vivienda es un bien de mercado y no un derecho".

Un recorrido por algunos de los barrios más humildes o tomas de viviendas en la región sirve para confirmar. En los últimos meses al menos diez familias que vivían en cantoneras en los sectores más castigados y alejados quedaron en la calle por causa de incendios. En la mayoría de los casos perdieron todo y en algunos, hasta hubo lesionados por el fuego. Sin ayuda del Estado (ni nacional, ni provincial, ni municipal) para reconstruir sus viviendas, se las arreglaron como pudieron y siguieron viviendo en el mismo lugar, pero en peores condiciones.

"Hoy el IPPV rionegrino sólo administra los recursos que le otorga el Estado Nacional a través de sus distintos programas de vivienda. No invierte un solo peso en políticas de vivienda, salvo el programa 'Habitar en Familia', que consiste en cupones para canjear por materiales", advierte el legislador Carlos Valeri (Encuentro). "Para solucionar en el transcurso de una gestión el problema habitacional de Río Negro hay que invertir con fondos públicos propios del Estado provincial, en soluciones habitacionales o nuevas viviendas dirigidas a la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que los recursos nacionales sigan dirigiéndose a aquellos rionegrinos que cumplan con los requisitos FONAVI, esto es trabajo en blanco con un ingreso mínimo de 1150 pesos. Sólo así estaremos en condiciones de cambiar la crisis habitacional de 30.000 hogares en cuatro años de gestión", agrega.

En Neuquén, el gobierno provincial desarticuló al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y en su reemplazo creó la Agencia de Desarrollo Urbano y Sustentable (ADUS) que aún no termina de consolidar una política ejecutiva. Un panorama muy complicado y un pronóstico poco alentador: nadie estima que en los próximos años la situación mejore sustancialmente.

Colaboró: Agencia Viedma