Expertos, autoridades y entidades no gubernamentales dedicadas a la adopción instaron a los tres poderes públicos de la Nación y de las provincias a modificar leyes y reformular prácticas y planes, para evitar la venta de bebés y el tráfico de niños. Especialistas consideraron que el sistema actual de adopción es "cerrado, fragmentado y poco transparente", lo cual fomenta las "intervenciones engañosas" de abogados y del propio Estado, y promueve la entrega de niños en forma directa, el tráfico, la compra-venta y el trato desigual de las familias. "Lo primero que hay que hacer es pedirle al Congreso Nacional que inste a las legislaturas provinciales a que adhieran al RUA (Registro Unico de Adopción), porque fue una buena iniciativa, con el objetivo de transparentar las inscripciones", dijo María Elena Naddeo, titular Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.

La funcionaria pidió incluso al "ministerio de Justicia" que actúe frente a las provincias en relación al registro aprobado hace dos años con el fin de unificar la peticiones de adopción por parte de familias, aunque sólo fue ratificado por la Ciudad y algunos distritos bonaerenses.

Naddeo explicó que los interesados en adoptar deben anotarse en el registro, pero ante la falta de respuesta acuden a las nóminas provinciales que fomentan "intervenciones engañosas" a través de abogados con "contactos" con el Poder Judicial.

Registros de ongs dan cuenta que existen parejas que deben esperar "hasta cinco años" para conseguir un niño, por lo que se anotan en "diez o más" registros provinciales, y terminan "pagando" por la gestión de un abogado o bien "negociando la entrega con una mujer embarazada de bajos recursos". "En Misiones, por ejemplo, hay una particular y llamativa cantidad de guardas de bebés o de niños de corta edad", dijo Naddeo.

Para la psicóloga Ana María Dubaniewicz, sin embargo, el "desencuentro" entre familias que quieren adoptar y niños que necesitan un hogar existe porque "el sistema de minoridad hace que se invisibilicen los chicos y se entorpezca la adopción", dijo.

"No puede ser que se tarde cinco años para lograr una adopción cuando hay gente que quiere chicos más grandes, hay chicos (encerrados por causas) asistenciales que están desde que nacieron y ahora tienen cinco o seis años y podían haber sido adoptados", consideró la especialista .

Dubaniewicz, así como fuentes del gobierno bonaerense, embistieron duramente contra la Justicia, ya que "son ellos, los jueces de menores, los que disponen que el niño esté encerrado y no con una familia".

La experta estimó que 7 de cada 10 niños privados de libertad en hogares e institutos por causas asociadas a la pobreza o por abusos "podrían ser adoptados", es decir "más de 15 mil".

El abogado experto en adopción Rubén Martínez consideró en cambio que el "primer inconveniente es que 98 por ciento de los matrimonios quiere bebés y la mayoría de los niños internados son más grandes", sostuvo. "A eso se le suma que hay un gran celo de los jueces, por la Convención de los Derechos del Niño, para tratar de insertar a los niños en la familia biológica, lo que genera retrasos en la decisión de disponerles guardas de adopción", añadió