ROCA (AR).- El caso Acosta será presentado en el programa antiimpunidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que Francisco Acosta viajará a Buenos Aires para exponer lo que a su entender es una serie de irregularidades durante la investigación del crimen de su hijo Antonio, quien fue asesinado de más de una docena de puñaladas el 27 de octubre de 2001 en Lamarque.

La decisión de viajar a Capital Federal se tomó mientras espera que los jueces del Superior Tribunal de Justicia le comuniquen lo resuelto por el auditor Gustavo Martínez, sobre el análisis del trabajo de los funcionarios judiciales, muchos de ellos cuestionados por la familia de víctima, y que en todo el proceso, sólo en jueces, alcanzó la decena.

Y a modo de ejemplo de las irregularidades, Francisco Acosta citó el robo de una ametralladora del destacamento de Chelforó.

"Esta arma se encontraba en la unidad policial y luego se cambió por drogas en la ciudad de Neuquén, para luego ser repartida en Lamarque entre punteros políticos el padre de la víctima dio algunos nombres. Todo esto no es un invento, sino que surge del testimonio de una testigo de identidad reservada. Y estos mismos señores que viajaron en una combi rentada y enviada desde Viedma al Alto Valle, fueron los mismos que asesinaron a mi hijo Antonio, según lo manifiesta dicha testigo de identidad reservada", señaló Francisco Acosta.

También indicó que "este robo y su vínculo con la droga no fue investigado ni por la Policía ni por el juez Guillermo Moyano, por entonces a cargo de la causa".

Con respecto a la presentación que se hará ante la comisión antiimpunidad por el abogado querellante Julio Romero, Francisco Acosta señaló que "es por el proceder de un gran número de magistrados y funcionarios que intervinieron en la causa, y está vinculado con al mal desempeño de sus cargos, incapacidad, desidia desaprensión en el cumplimiento de los deberes inherentes a su importante función, y también muchos de ellos con lo delictual. Más concretamente con las maniobras ilícitas que ocurrieron en el proceso, y denunciamos y pedimos que se investigue".

"No tuvimos ni jueces ni fiscales imparciales, por cuanto tuvieron varios de ellos participación en las causas conexas, pérdidas de fojas, resoluciones y partes del expediente; no cumplimentaron su participación o subrogancias medidas que estaban

pendientes, dejando injustificadamente paralizado el expediente, y las demoras cometidas en esta investigación hicieron que prescribieran muchas causas conexas por el transcurso del tiempo", indicó.

Con respecto a este último punto, el querellante Julio Romero señaló que "esto impidió que se inicien investigaciones, ocasionando que prescriban o se archiven causas conexas de mucha importancia en la investigación, como por ejemplo el robo de la ametralladora del destacamento de Chelforó; emisión de dictámenes y resoluciones sin previo estudio y falta de consulta a los expedientes".

"Todo esto es responsabilidad del Estado por los defectos de servicio en actividad judicial y la responsabilidad de los jueces por error y arbitrariedad", señaló Romero.

El crimen de Antonio Acosta conmocionó al Valle Medio. Se trató de una causa que tuvo varios jueces, con varios detenidos, procesados y finalmente un condenado, cuando el 15 de julio de 2005, la Cámara Primera de Roca sentenció a Eduardo Equiza a nueve años de prisión.

Este joven había sido detenido apenas ocurrido el brutal crimen, y estuvo casi cuatro años tras las rejas sin sentencia, por lo que el beneficio del dos por uno se computan doble los días posteriores a los dos años de detención sin sentencia le dio la posibilidad de recuperar su libertad en poco tiempo.

Varias de las causas conexas, prescribieron por el paso del tiempo, lo que desde un primer momento generó el lógica malestar en la familia Acosta.