BUENOS AIRES (DyN).- Usuarios y consumidores de distintas localidades del interior del país reclamaron al defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, su intervención por un "aumento encubierto de combustibles" en el denominado servicio de playa que muchas estaciones de servicios comenzaron a implementar en las últimas semanas.

En consecuencia, Mondino solicitó una serie de informes a organismos oficiales y a las empresas petroleras.

De acuerdo con la documentación a la que accedió DyN, a la Secretaría de Comercio Interior y a la Subsecretaría de Combustibles, el ombudsman les preguntó si efectivamente autorizaron a las estaciones de servicio a cobrar un adicional por unidad de combustible vendido denominado "derecho de playa" y, de ser así, en base a qué norma y cuáles serán las me

didas que adoptarán.

A la AFIP, la consulta fue si a criterio de esa Administración Federal el referido adicional forma parte del precio de venta de los combustibles y si no resulta violatorio su cobro de la ley 23.966 del Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

En tanto, Mondino les pidió a las empresas petroleras que indiquen si cada una de ellas autorizó el cobro del denominado "derecho de playa" a las estaciones de servicio que proveen de combustibles y, en caso de una respuesta afirmativa, si el citado cargo tributa al Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Un ingreso adicional

Las denuncias presentadas al ombudsman nacional destacan que este aumento encubierto de combustibles ya se está verificando en numerosas ciudades del interior del país, donde el incremento percibido por litro fluctúa entre los 10 y 15 centavos de peso.

La polémica en torno al cobro del servicio de playa se

inició a mediados del mes pasado, cuando diversas estaciones de servicio dispusieron su aplicación, sobre todo en el interior del país, como una forma de obtener un ingreso adicional, habida cuenta que el precio de las naftas casi no ha variado en los últimos cuatro años.

En ese momento, la Federación de Empresarios de Combustibles de República Argentina (FECRA) advirtió que el cobro de servicio de playa sería "inviable, sobre todo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por cuanto terminaría por perjudicar a las pymes del sector ya que los usuarios concentrarían sus compras en las estaciones de bandera, propias de las petroleras".

Sin embargo, en el interior del país se comenzó a cobrar paulatinamente, desde fines de abril, y a partir de ese momento se disparó una suerte de conflicto entre los expendedores y los consumidores con algunas derivaciones en la Justicia.

En la provincia de Corrientes, dos juzgados civiles frenaron el cobro de ese plus, por considerarlo contrario al marco regulatorio que la legislación nacional prevé para la comercialización de hidrocarburos, informaron fuentes oficiales.

En tanto, en Rosario, las estaciones de servicios comenzaron a aplicarlo el jueves pasado, después de conocerse el fallo del juez federal Héctor Zucchi, quien rechazó la medida cautelar interpuesta por la Unión de Usuarios y Consumidores.

No obstante, como en la sentencia no hubo un pronunciamiento de fondo, los propietarios de las estaciones instrumentaron el cobro del servicio de playa.