BOGOTA (Télam).- El gobierno de Colombia volvió a defender ayer su decisión de liberar antes del 7 de junio a rebeldes de las FARC y reiteró que evitará dar a conocer las "razones de Estado" que avalan la medida, mientras la organización respondió al anuncio con la promesa de reforzar su lucha para que renuncie el presidente Alvaro Uribe.

Fue el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, quien explicó que únicamente el 7 de junio se conocerán los detalles por los que Uribe deberá excarcelar a los miembros de las FARC presos, gesto con el que el Ejecutivo espera motivar a los insurgentes para que liberen a los secuestrados en su poder.

"Esa fue una fecha que el presidente se fijó para tener resuelto el tema de la excarcelación de los miembros de las FARC que están detenidos. Al presidente le gusta hacer las cosas rápido y con eficacia", sostuvo el ministro, según la agencia DPA.

Aunque apenas se conoció la noticia varios juristas cuestionaron la legalidad de la medida, Holguín subrayó que "no se violará la normativa colombiana" para poder dejar en libertad a los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. "El gobierno, por encima de todo, respeta la Constitución, respeta la ley y está buscando un camino legal para dar cumplimiento a una tarea que considera buena y útil. Se está trabajando bien, ya que ésta es una propuesta audaz y que no tenía antecedentes", remarcó el ministro.

Uribe anunció el viernes que excarcelará antes del 7 del mes próximo a un número todavía sin definir de rebeldes de las FARC presos en cárceles por delitos no atroces, con la condición de que no vuelvan a delinquir y de que se conviertan en "gestores de paz". Entre las variantes que el Ejecutivo analiza para poner en marcha la medida figura una tutela de la Iglesia católica o el traslado al exterior de los liberados.

Ayer, el propio Uribe reiteró, en un encuentro comunal, las condiciones para acogerse al beneficio: que los liberados se desmovilicen, que no retornen a las filas de las FARC, que trabajen por la paz y que acepten la vigilancia de un gobierno extranjero.

Entre los cuestionamientos llegó el del propio titular de la Corte Suprema, Julio Valencia Copete, para quien la medida puede generar "descreimiento de los ciudadanos en la justicia, y va contra la política criminal del Estado".

La administración de Uribe aspira a que la liberación sirva para que las FARC, a su vez, dejen en libertad a los más de 50 dirigentes, policías y legisladores que mantienen secuestrados desde hace años. La posibilidad de un canje humanitario que alguna vez se discutió parece desvanecerse por la negativa del gobierno a despejar dos municipios sureños, como pretende la organización guerrillera.