BRASILIA (AP) _ El presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomó ayer su agenda normal de trabajo tras conjurar rápidamente una crisis desatada en su gabinete por denuncias de corrupción sobre uno de los ministros.

La principal preocupación de Lula, dijeron analistas, era apartar la crisis del palacio de gobierno y volver a dedicarse a impulsar los proyectos de un ambicioso plan lanzado en enero de obras de infraestructura e inversiones por unos 236.600 millones de dólares en los próximos cuatro años y que son pieza central de su segundo mandato.

Lula dedicó parte de la jornada del martes a resolver el tema de si removía o no del gabinete a su ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau -acosado por un escándalo de corrupción-, cuyo despacho lleva decenas de proyectos clave como construcción de hidroeléctricas y tendidos de energía rurales. Tales planes están entre los más relevantes para el mandatario porque asegura que garantizan fuentes de energía para el futuro, generan empleo y mejoran la calidad de vida de los brasileños más pobres. Analistas del sector energético descartaron que la salida de Rondeau provoque cambios en la política eléctrica o petrolera del país.

Por su parte, el grupo Amnistía Internacional destacó en la jornada en su informe anual mundial que en el caso de Brasil el desvío de fondos públicos erosiona "la capacidad de las autoridades para garantizar derechos humanos fundamentales a través de servicios públicos y aumenta la pérdida de la fe pública en las instituciones''. Al ratificar su "absoluta inocencia'', Rondeau renunció ayer .

Lula dejó encargado de forma interina del ministerio a Nelson Hubner, el viceministro. Rondeau se vio en el medio del huracán cuando el fin de semana versiones de prensa indicaron que la policía lo investigaba por supuestamente recibir en marzo 100.000 reales (unos 51.000 dólares) en soborno de una empresa privada de construcción que quería ganar una licitación para un tendido eléctrico en el estado de Piauí, en el noreste del país. La policía, que investiga desde 2006 una banda dedicada al fraude en obras públicas detuvo ya a 46 personas.